POR JUUL DÍAZ Y LUCÍA ROSALES
En medio del conflicto político entre la intendencia de Tafí Viejo y la Provincia, la disputa por los fondos tuvieron impacto entre los feriantes taficeños. El 13, 14 y 15 de junio se celebró la festividad del patrón municipal San Antonio de Padua en los alrededores de la plaza Bartolomé Mitre, y allí los puesteros apuntaron a que a raíz de la disputa, les incrementaron el canon por el espacio.
Emergencia declarada y controversia política
La medida fue impulsada por la intendenta Alejandra Rodriguez, quien envió al concejo un proyecto que la autoriza a tomar deuda para garantizar el pago de sueldos, la asistencia alimentaria, los servicios de salud y el financiamiento institucional. Si bien la ordenanza fue aprobada, no contó con el respaldo del bloque justicialista independencia, afín al gobernador Osvaldo Jaldo.
“El bloque no va a ser cómplice del endeudamiento que le quieren seguir generando al pueblo de tafí viejo”, expresó con dureza el concejal Alejandro Martinez, presidente del bloque, quien advirtió que el municipio mantiene una deuda cercana a los $13.000 millones con la Provincia, luego de su salida del Pacto Fiscal, y casi $200 millones con la Dirección General de Rentas. La nueva ordenanza habilita a tomar hasta $3.000 millones en deuda adicional, lo que encendió alarmas en parte del arco político local.
Martinez aseguró que el verdadero problema es estructural: “Tenemos un municipio con una planta de 600 empleados, pero con casi 3.000 contratados. Esta no es la solución. La solución es regresar el Pacto Social”.
Una feria que se sostiene con esfuerzo
Mientras tanto, en la feria, la situación se percibe en lo concreto. Varios feriantes contaron que los costos para participar se duplicaron, sin que eso garantice mayores ventas.
Durante la feria, conversamos con la madre de un joven emprendedor que participó con su propio puesto. Nos contó que su intención fue enseñarle a su hijo el valor del trabajo, por eso lo motivó a emprender. Sin embargo, al consultar los costos para acceder a un espacio en la feria, se encontraron con precios que —según sus palabras— eran “descomunales” y fuera de su alcance. A pesar del desaliento inicial, lograron reunir el dinero gracias al apoyo de los hermanos del chico, que decidieron colaborar entre todos para cubrir el monto. Además, una amiga del joven, que también tiene su propio emprendimiento, se sumó a compartir el mismo gazebo, abaratando los gastos. Lo llamativo es que, al comentar esta estrategia con otros feriantes, muchos expresaron no saber que era posible compartir el espacio. “Si nos hubieran dicho, varias personas más podríamos haber hecho lo mismo”, señalaron. La situación evidencia no solo las dificultades económicas que enfrentan los emprendedores, sino también la falta de información clara por parte de la organización.
Otros puesteros coincidieron en el sentimiento de molestia frente a este excesivo aumento pensando en una comparación con la otra feria organizada en el mismo municipio todos los domingos afuera del mercado municipal ubicado en San Martín y Uttinger, en el cual se paga por mes el monto aproximado de $12.000. Una de las participantes frecuentes de esta feria reveló que “todos los domingos somos alrededor de 65 puestos, que nos conocemos entre todos ya que compartimos, pero hoy, acá no veo ni a cuatro de todos esos.”
En varios casos, los vendedores señalaron que no creen que vayan a lograr recuperar lo invertido, y que el evento no fue rentable. Algunos incluso cuestionaron que el municipio no haya priorizado este tipo de eventos populares en su esquema de emergencia: “Yo la verdad que no quiero ir en contra de ningún político pero esto es algo que se debe saber. No se puede seguir así. “
Tras las reiteradas quejas, la municipalidad decidió establecer una diferencia en los montos cobrados a los feriantes: los del sector gastronómico pagaron un valor más alto, mientras que a los artesanos se les fijó un importe aproximado de $160.000. Sin embargo, durante la jornada, varios feriantes denunciaron haber sido amenazados con el desarme de sus puestos si no aclaraban con exactitud qué productos estaban vendiendo. En algunos casos, además de artesanías y manualidades, los puestos ofrecían productos como maquillaje o joyería, lo que generó cuestionamientos por parte de la organización.
Por otra parte, se les exigía que dejaran sus gazebos montados durante la noche, lo que generó malestar. Una de las feriantes expresó: “Hace rato se me voló el gazebo, ¿vos te pensás que alguien se acercó a ayudarnos? La señora de al lado estaba sin luz, nosotros la ayudamos porque resulta que estaba desenchufada. Pasa que no les importa nada. ¿Y así quieren que yo deje mis cosas?”
Una emergencia que recae sobre quienes menos respaldo tienen
La ordenanza de emergencia tiene una vigencia de 90 días, con posibilidad de prórroga. Pero detrás de esa medida administrativa hay vidas que no pueden esperar. Para cientos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, feriantes, artesanos, productores, las decisiones tomadas desde los escritorios del poder tienen consecuencias concretas: menos ventas, más incertidumbre, más esfuerzo individual frente a un estado que se retira.
Mientras las autoridades debaten sobre deudas, pactos fiscales y préstamos millonarios, quienes levantan día a día estos espacios con su trabajo, sin subsidios ni privilegios, siguen quedando al margen de las prioridades. No piden más que ser reconocidos como parte de la economía local, esa que se sostiene con esfuerzo, creatividad y vínculos comunitarios. La verdadera emergencia no es solo financiera: es también política y social, y se expresa en la ausencia de medidas concretas que valoren, respalden y fortalezcan el trabajo de quienes luchan por salir adelante.
