POR DANIEL CAMPI*
El día 21 de agosto de 1966, del que se cumplen hoy 59 años, un decreto ley del gobierno dictatorial del Gral. Onganía asestaba un duro golpe a la economía y la sociedad tucumanas: en un acto totalmente inédito en la historia argentina, desde el Estado central, a 1.300 km de distancia, se ordenaba la destrucción del 30% del parque industrial azucarero tucumano, nuestra industria madre. En menos de dos años esa cruel iniciativa que en principio comprendía a siete ingenios, se extendió a 11, los que representaban el 40% del parque industrial, y sobre igual número, once, de pujantes pueblos, distribuidos en la campaña tucumana, que habían nacido al calor de los ingenios, dando trabajo, pan y prosperidad a miles de operarios y jornaleros tucumanos, santiagueños y catamarqueños, a agricultores cañeros, comerciantes, transportistas, maestros y otros dignos oficios y ocupaciones. Fue un cataclismo social. Al cierre de las fuentes de trabajo le siguieron migraciones masivas, familias desestructuradas, miseria y hambre. Si de números se trata, se estima en 50.000 los puestos de trabajo perdidos; y en 200.000 las almas que dejaron la provincia en búsqueda de trabajo, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, aunque miles de familias migraron del interior provincial al Gran Tucumán, que en pocos años albergó a casi el 50% de la población tucumana. Ese fue el origen de las llamadas “villas de emergencia”, o “villas miseria”. Los argumentos para ese brutal y perverso industricidio fueron falaces: se hacía referencia a un supuesto carácter “prebendario” de la actividad, a su “estructura feudal”, prometiendo un plan de “modernización” y de “diversificación industrial”, que además de terminar con un “cáncer” para la Nación, aventaría el peligro del “caos social” y del ”comunismo”. Nada más lejano a la realidad. Si la agroindustria tucumana estaba en crisis (y lo estaba) lo era principalmente por la asfixia financiera a que se la sometía negándole a sus ingenios el apoyo financiero del Banco Nación, que se había redirigido en beneficio de ingenios de otras provincias. Los justos reclamos de los trabajadores, cañeros, Comisiones de Defensa, mujeres, etc., se desarrollaban al amparo de los preceptos constitucionales que permiten peticionar y manifestar pacíficamente por derechos conculcados (en este caso el derecho al trabajo), pero igual fueron duramente reprimidos por la dictadura. Hilda Guerrero de Molina, compañera de un obrero del ingenio Santa Lucía, perdió su vida en una de las tantas manifestaciones contra la agresión a la agroindustria y Tucumán de la autodenominada Revolución Argentina, siendo recordada como un ícono y el símbolo de la resistencia al industricidio. Pasaron ya casi 60 años de esa intentona criminal de la dictadura de dar un golpe de muerte a nuestra agroindustria. Mirada a largo plazo, pese al sufrimiento y al daño irreparable al tejido social que ocasionó, los tucumanos tuvimos la capacidad de recuperarnos, y seguimos siendo el primer productor nacional de azúcar, a lo que hay sumar las inversiones que posicionan hoy a Tucumán en la vanguardia de la producción de bioetanol. Pero ello no implica olvidar. Implica un recuerdo activo para honrar a todos aquellos que con diversa fortuna lucharon entre 1966 y 1968 (y siguieron haciéndolo luego) para darle a nuestro pueblo un futuro de prosperidad, justicia y grandeza. Por eso estamos aquí todos y todas.
*Daniel Campi es Historiador
