POR FERNANDO KORSTANJE* & LUIS SALAS**
El cuadragésimo aniversario del informe de la Comisión de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) constituye un hito ineludible no solo para la historiografía académica de la región, sino para la comprensión de los mecanismos de reconstrucción democrática en sociedades atravesadas por el terrorismo de Estado. Este documento se propone ayudar a desentrañar la compleja trama que vincula la recuperación de la institucionalidad universitaria con la lucha por la verdad, examinando desde los fallos iniciales de una burocracia temerosa hasta el hallazgo de evidencias materiales de la complicidad académica con la dictadura. La UNT no fue meramente una víctima del proceso represivo; fue, en muchos sentidos, un engranaje necesario del sistema de control social, espionaje y eliminación de la disidencia, una realidad que el movimiento estudiantil debió /debe arrancar del silencio y la inacción de las autoridades, pero también de su sobreactuación estéril.
Génesis y crisis de la representación: El bochornoso “Dictamen Bravo”
La transición hacia la democracia en el ámbito universitario tucumano estuvo marcada por el desafío de reconstruir un tejido social devastado. La generación de dirigentes estudiantiles que asumimos la responsabilidad de normalizar la universidad a partir de la derrota de Malvinas en 1982 nos encontramos con un vacío generacional absoluto, producto del exterminio, la cárcel o el exilio de la militancia de los años 70.
El histórico Congreso Normalizador de la Federación Universitaria Argentina (FUA) sesionó en la provincia de Tucumán en julio de 1984. Este encuentro representó un hito ineludible para la militancia universitaria y la reconstrucción democrática del país, ya que fue el primer congreso nacional del movimiento estudiantil tras la noche oscura de la dictadura cívico-militar. En el congreso nos reunimos más de 1.300 delegados, a los que se sumaron miles de militantes de base de las distintas agrupaciones. El escenario político reflejó el impacto del reciente triunfo nacional de Raúl Alfonsín. La Franja Morada (brazo universitario de la UCR) ostentaba una hegemonía abrumadora y dominó el congreso con aproximadamente el 45% de los delegados. Le seguían en fuerza las agrupaciones Independientes (de diversas tendencias de izquierda y derecha) con un 25%, la Juventud Universitaria Intransigente (JUI) con el 19%, las agrupaciones Peronistas con el 8%, y el Movimiento de Orientación Reformista (MOR), ligado al Partido Comunista, con cerca del 7%.
Haciendo valer su mayoría y mediante alianzas con el Movimiento Nacional Reformista (MNR) y otras fuerzas menores, la Franja Morada se garantizó la conducción de la FUA, consagrando como primer presidente de la etapa democrática a Marcelo “El Ciego” García, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Para nosotros, la juventud politizada, la agenda de los Derechos Humanos (“Aparición con Vida”, “Juicio y Castigo”, Comisión Bicameral investigadora) era la principal línea divisoria de aguas. Franja Morada a nivel nacional se veía obligada a defender, aunque con matices y a veces a desgano, la línea del radicalismo gobernante: Teoría de los Dos Demonios, una comisión de notables nombrada discrecionalmente por el presidente Alfonsín: la CONADEP, y el juicio a las cúpulas militares y guerrilleras con el Código de Justicia Militar.
La discusión fue álgida. Las agrupaciones independientes de todo el país —entre las que se destacaban frentes muy activos como la C.I.T.: Coordinadora Independiente Tucumán (que integraba el LAZI de agronomía), el M.U.E.C.E. de Ciencias Económicas de la Plata, el B.U.I.T. (Bloque Universitario Independiente para la Transformación) de la UBA — nos articulamos rápidamente en un bloque común para disputar el documento de la Comisión de Derechos Humanos. Desde este sector elaboramos un “Despacho de Derechos Humanos del Bloque Independiente” profundamente combativo, que chocaba con la estrategia de la Franja, más ligada a las necesidades de gobernabilidad del gobierno de Alfonsín, que comenzaba a transitar los caminos que luego derivarían en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Aunque el despacho del Bloque Independiente perdió la votación a nivel nacional frente a la maquinaria de la Franja, la madurez y radicalización del movimiento estudiantil tucumano logró que ese mismo documento en disidencia fuera adoptado como el documento oficial de la Federación Universitaria de Tucumán (FUT), marcando una clara posición de vanguardia que hay que reconocerle a la Franja de Tucumán.
https://docs.google.com/document/d/1zaA59x98myn3PQB0bo7OE-S5i_q4ioef/edit?usp=sharing&ouid=113637326583944293309&rtpof=true&sd=true
En ese contexto de aprendizaje acelerado, bajo la presión ineludible de los organismos de Derechos Humanos y una sociedad que comenzaba a descubrir el horror de los centros clandestinos de detención, se gestó la necesidad de investigar el destino de los miembros desaparecidos de la comunidad universitaria de la UNT.
La primera respuesta institucional en la UNT a esta demanda fue en 1984, mediante la solicitud de los estudiantes al Rector Luis Eduardo Salinas de crear una Comisión Especial Investigadora.
La Comisión se creó, pero ya Salinas había sido reemplazado por Eugenio Flavio Virla como Rector Normalizador. Mediante la Resolución 81-985 dictada en febrero de 1985 la comisión quedó integrada por los consejeros Emilio Hurtado, que era el decano de Ciencias Económicas, Juan Santos Suárez, Secretario General del gremio APUNT y el representante estudiantil Julio Bravo, quien fuera el primer presidente del Centro Único de Derecho y referente de la agrupación Franja Morada. Sin embargo, la labor de este cuerpo colegiado pronto se revelaría no solo insuficiente, sino profundamente equivocada en su concepción metodológica y ética.
El error fundamental de la gestión de esta primera comisión radicó en la adopción de una lógica de “denuncia pasiva”. La comisión se limitó a esperar que los familiares de las víctimas se acercaran voluntariamente a radicar sus testimonios. Esta estrategia ignoraba el clima de terror que aún persistía en Tucumán, una provincia que había sido el laboratorio del genocidio mediante el “Operativo Independencia” y donde las estructuras represivas civiles y militares permanecían intactas e impunes. Por otro lado, los familiares ya habían denunciado ante juzgados, la CIDH, la CONADEP y otras instancias. Todavía no era popular el concepto de “revictimización” y se les pedía a los familiares que relataran los secuestros una y otra vez.
El resultado de este proceso pasivo fue la presentación de un dictamen que documentaba la desaparición de apenas cuatro estudiantes en toda la UNT: María Celestina González Gallo, Julio Oscar Zurita, Santiago Augusto Díaz y Juan Francisco Carreras. Esta cifra era un insulto a la memoria colectiva y a la evidencia empírica que los militantes comenzaban a recopilar. No obstante, la gravedad del “Informe Bravo” no residía únicamente en su miopía cuantitativa, sino en su inaceptable carga ideológica. Este informe excluía deliberadamente el período del Operativo Independencia (1975), restringiendo la investigación a los años posteriores al golpe de 1976. Esta delimitación temporal ocultaba que en Tucumán la metodología de la desaparición forzada y los campos de concentración se habían perfeccionado mucho antes que en el resto del país. El dictamen hacía uso explícito de la “Teoría de los dos demonios”, equiparando la violencia estatal con la de las organizaciones políticas. El documento juzgaba a los desaparecidos afirmando que “a quienes se equivocaron se los tendría que haber juzgado por sus errores”, argumentando que “existían leyes que les garantizaban un juicio justo y el derecho a la defensa, justicia y derechos que ellos no respetaron, pero a los que tendrían que haber estado sometidos”.
La reacción estudiantil fue categórica. La indignación ante lo que se percibía como una claudicación ética frente a los resabios de la dictadura provocó una crisis profunda en la Federación Universitaria de Tucumán (FUT). Todas las fuerzas políticas universitarias, incluyendo sectores críticos del propio oficialismo radical, exigieron la renuncia de Julio Bravo a la presidencia de la FUT y repudiaron un dictamen que pretendía cerrar la herida con cuatro nombres y una justificación moral del horror. El dictamen fue rechazado en su parte sustantiva por el movimiento estudiantil, marcando el primer gran quiebre en la unidad de la FUT.
Reorganización de la Comisión Especial y el cambio de paradigma (1986)
Ante el escándalo, la Universidad debió rectificar el rumbo. El escenario para este cambio fue una sesión histórica del Honorable Consejo Superior (HCS), presidida por el Rector Eugenio Flavio Virla, un hombre que encarnaba la tradición de la universidad reformista de los años 60. Virla poseía una habilidad política superior que le permitió comprender que la legitimidad de su gestión dependía de cómo la universidad saldara su deuda con los desaparecidos. En dicha sesión, Virla permitió que el movimiento estudiantil denunciara formalmente el dictamen de Bravo, reconociendo el fracaso de la metodología pasiva y la necesidad de una búsqueda proactiva de la verdad. Fue en este contexto que se procedió a la elección de nuevos representantes para integrar la Comisión Especial de Derechos Humanos.
La unidad del movimiento estudiantil era un bien preciado frente a un enemigo superior, se cuidaba muchísimo, a tal punto que ese trago amargo se superó rápidamente. La Franja Morada hizo una lectura cualitativa de la correlación de fuerzas y cedió espacios a los independientes y a la JUI, tanto en la FUT como en el Consejo Superior, a pesar de que éramos minoría. Eso fue posible, nobleza obliga, gracias a la madurez y vocación de diálogo de toda nuestra generación, ejemplificada en el liderazgo natural ejercido por Alfredo Neme Scheij, que luego fuera uno de los diputados nacionales más jóvenes del país.
La gestión del médico Rodolfo Martín Campero al frente de la UNT comenzó oficialmente tras la histórica Asamblea Universitaria celebrada el 3 de abril de 1986. Mediante la Resolución 1015-986 de julio de 1986, se reconstituyó la Comisión Especial de Derechos Humanos, dotándola de nuevos miembros, ampliando su mandato y extendiendo el período de investigación para que comenzara el 6 de noviembre de 1974, fecha de instauración del Estado de Sitio en el país, lo que permitía incluir a las víctimas del Operativo Independencia.
La nueva integración reflejó a los sectores que habíamos mantenido una posición crítica y combativa: el Lic. Fernando Rovetta en representación de los docentes auxiliares; el Dr. Ernesto Gastaminza por los egresados y nosotros Fernando Korstanje, estudiante del Frente Unidad LAZI, pero en representación del Consejo Superior; y Luis Salas, de la Juventud Universitaria Intransigente (JUI), como secretario de Derechos Humanos de la FUT. En esta nueva comisión entendimos que la verdad se construye a través de la investigación de campo proactiva y la compulsa de archivos. Para ello, fue fundamental el apoyo de organismos externos, destacándose el trabajo territorial de Luis Arédez, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), y Liliana Serrano de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Tucumán, quienes aportaron su experiencia y estructura para recolectar decenas de denuncias visitando a los familiares casa por casa.
La Universidad como engranaje del terror: Centros clandestinos en la UNT, los archivos del SSV y el armario de la infamia
El trabajo de la reorganizada Comisión pronto dio frutos que desnudaron la maquinaria represiva enquistada en la UNT. Rastreamos resoluciones rectorales emitidas entre 1974 y 1983, encontrando las pruebas de cómo la universidad había utilizado herramientas administrativas para castigar y “dar de baja” a universitarios que ya se encontraban secuestrados o desaparecidos, alegando cínicamente “abandono de servicio” o “inasistencias”.
El instrumento clave de esta persecución fue el Servicio de Seguridad y Vigilancia (SSV) de la UNT. Creado formalmente antes del golpe, en marzo de 1976 bajo el rectorado de Juan José Pons, este órgano parapolicial fue dirigido por figuras como Ismael Haouache (conocido por su militancia antisemita y antidemocrática) y posteriormente por el Mayor Ernesto Ruggeri. El SSV no era un simple cuerpo de serenos; era una estructura de inteligencia que operaba realizando espionaje interno, confeccionando listas y fichas ideológicas de estudiantes, docentes y no docentes, las cuales eran remitidas al Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército, a la SIDE y a la Policía Federal. Estos documentos revelaban el funcionamiento de una “Gestapo universitaria”. Se encontraron carpetas clasificadas que contenían planillas de identificación de estudiantes provenientes de otras provincias. Las fichas detallaban actividades tan inofensivas como la venta de revistas políticas o la participación en asambleas de curso.
En 1984, durante la gestión del rector normalizador Luis Salinas, el local del SSV fue clausurado y entregado a la FUT. En un acto que pretendió ser de repudio simbólico, algunos de nuestros dirigentes estudiantiles quemaron fichas y documentación del servicio. Esta “quema de archivos”, aunque nacida de la indignación, fue comprendida posteriormente por todos nosotros como un error gravísimo que destruyó pruebas judiciales fundamentales para el juzgamiento de los delatores y cómplices civiles. ¡Cómo sería la falta de expectativas sobre la posibilidad de juicios que en ese momento ninguna de las fuerzas cuestionamos la quema! No obstante, la impunidad no fue total.
Alertados por Ana María Hynes de Levy, una trabajadora no docente, logramos localizar un armario cerrado bajo llave en la Secretaría de Comisiones del Consejo Superior que ocultaba documentación residual del período dictatorial. Allí encontramos biblioratos con documentación que fue exhaustivamente revisada por nosotros, los estudiantes de la comisión, quienes disponíamos de energía y tiempo para hacer una revisión minuciosa.
Toda esa documentación mostraba el accionar de los cómplices académicos de la dictadura, pero no había nada de valor probatorio que pudiera indicar alguna responsabilidad directa en desapariciones. No era como la información que se había obtenido del SSV que, esa sí, incluía planillas de identificación de estudiantes que probaban el espionaje sistemático.
Este cúmulo de resoluciones administrativas podían llegar, como sumo, a probar persecuciones y arbitrariedades, pero en el rango de “maniobras pseudoacadémicas” más que de “delitos penales”. Para lo que nosotros buscábamos en esa época, esto era pura hojarasca.
Un solo hallazgo notable hubo entre esos papeles. Se detectó un expediente administrativo escalofriante: un sumario interno por una licencia por maternidad indebida y un certificado de nacimiento en domicilio particular. Se trataba de una empleada jerárquica y con conexiones militares que era casualmente la que había ocultado todos esos archivos en el armario. Según el sumario nadie había advertido el embarazo, y de inmediato sospechamos de un caso de apropiación de un niño. El caso fue entregado a Abuelas de Plaza de Mayo, integrando a la universidad en la red de búsqueda de la identidad robada. Fue a juicio 30 años después y se demostró que, efectivamente, no había filiación genética entre madre e hijo.
El grado de penetración represiva en la UNT fue tal que dependencias de la propia universidad fueron utilizadas directamente como Centros Clandestinos de Detención (CCD). La Escuela Universitaria de Educación Física (EUDEF) y el Quonset de San Javier funcionaron como campos de concentración. A alguno de los campos fue a parar, por ejemplo, casi la totalidad del cuerpo de delegados de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, secuestrados sistemáticamente en 1976 con el objetivo declarado por sus torturadores de “limpiar la Universidad”.
El listado de los 140 y las tensiones internas
El 7 de noviembre de 1986, la Comisión presentó su informe definitivo, el cual fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior mediante la resolución 1835/86. El dictamen documentó fehacientemente la existencia de 140 casos de detenidos-desaparecidos en el ámbito de la UNT, pulverizando la infame cifra de cuatro casos del dictamen anterior. El 10 de diciembre de 1986, en el Día Universal de los Derechos Humanos, se realizó un acto histórico en el patio del Rectorado donde se descubrió una placa en memoria de las víctimas, repudiando el avasallamiento de la autonomía y el terrorismo de Estado. Este es el informe verdadero de la Comisión.
https://drive.google.com/file/d/1Gi2jIhSP-8JmNCF_RSqs-qIz-oGos70n/view?usp=sharing
Otros aconsejamientos de la Comisión fueron la publicación de una solicitada con el listado, la colocación de placas con los nombres de los desaparecidos en todas las facultades, la proyección de “Todo es Ausencia” en Canal 10 y la publicación, a costa de la UNT, del Informe de la Comisión Bicameral de la Provincia. Dado que la consigna central era “Aparición con Vida”, muchos militantes, incluidos los de la Facultad de Agronomía, se negaron a colocar placas de materiales definitivos como el mármol o el bronce, que asimilaban simbólicamente la muerte de los desaparecidos. En su lugar, se optó por placas de acrílico, entendidas como provisorias hasta que el Estado diera cuenta del destino final de cada víctima. Esta distinción material reflejaba la tensión política de una época donde la justicia aún parecía inalcanzable.
A pesar de estos inmensos logros, el seno de la Comisión estuvo atravesado por fuertes disputas políticas. La figura de Fernando Rovetta, coordinador de la Comisión, fue duramente criticada por el sector estudiantil. Se le acusa de haber traicionado el espíritu colectivo de la comisión para perseguir objetivos de lucimiento personal y beneficios académicos en el exterior. El rechazo a su manejo personalista estalló cuando, de forma unipersonal, presentó un extenso y polémico informe que firmaba en nombre del total de la Comisión. Lo convirtió en una denuncia penal simbólica ante el Juzgado Federal el 20 de febrero de 1987. La justificación esgrimida era que estábamos a días de que expirara el plazo de la Ley de Punto Final. La denuncia había sido elaborada, según el propio denunciante, con el asesoramiento de Arturo Ponsati un consejero superior de corte conservador, militante de la Democracia Cristiana. Pero Ponsati no solo no integraba la Comisión de DDHH, sino que era que había operado políticamente en contra de las iniciativas estudiantiles más profundas en materia de derechos humanos. El Consejo Superior terminó dando aprobación genérica a la presentación, con el enojo de los estudiantes, que ante los hechos consumados votaron a favor.
Para el movimiento estudiantil, enviar la documentación cruda a una justicia federal plagada de jueces cómplices de la dictadura, era una judicialización prematura de los archivos que equivalía a mandar la causa a una “vía muerta” (donde efectivamente se paralizó por décadas). Un acto de sabotaje a la investigación administrativa interna que la universidad sí tenía poder de ejecutar. Ahora, en nombre de una poco probable investigación judicial, sin acusaciones firmes, sin una estrategia jurídica y sin un equipo de abogados querellantes, la Universidad evadía su responsabilidad inmediata de realizar investigaciones internas, sumarios administrativos y juicios académicos para expulsar a los colaboracionistas que aún estaban dentro de la UNT. Entre ellos Manlio Martínez, el juez de la dictadura que rechazaba sistemáticamente los Habeas Corpus que se presentaba por los secuestrados. Jamás se lo cuestionó y se jubiló en la UNT sin ningún problema.
Posteriormente, Rovetta logró publicar el informe de la Comisión Bicameral y el de la UNT en España, a través de la editorial IEPALA. Y otra vez la mano traviesa unipersonal. Sus excompañeros de comisión nunca repudiamos esta edición, porque era mejor que nada. Y la UNT no había hecho nada. Además, imperaba la lógica de que no podíamos mostrarnos divididos frente a un enemigo superior. Rovetta alteró el listado de desaparecidos consensuado por la comisión, para incluir por su cuenta a mártires de su propio partido (la Democracia Cristiana) y a otros asesinados que agregó con criterios propios. En el prólogo incluyó un agradecimiento, completamente gratuito, a Ponsati. Aquí la publicación: https://www.justucuman.gov.ar/storage/adjuntos/archivos/posts/1399/1710758419.pdf
La persistencia de la impunidad: Los cómplices académicos
La reconstrucción de la memoria en la UNT chocó contra el muro corporativo de la academia. La Universidad no investigó a fondo ni juzgó internamente a los responsables civiles, delatores y cómplices de la represión. El caso más emblemático fue el de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, no por ser el más grave sino por ser el que más logró avanzar. Durante la dictadura, el decano Edmundo Cerrizuela y el secretario académico Bernabé Alzabé ejecutaron las resoluciones militares (Res. 931-76 y 764-76) creando comisiones de censura que retiraron y eliminaron libros considerados “peligrosos” (como obras de Paulo Freire, Francisco Delich y Eric Wolf). Además, enviaron nóminas completas de docentes al SIDE para su depuración ideológica.
Al retornar la democracia, el Centro de Estudiantes de Agronomía (CEAZ) impulsó juicios académicos y recusó a estos personajes en los concursos docentes, exigiendo su expulsión por graves transgresiones a la ética universitaria. Sin embargo, la corporación docente se abroqueló para protegerlos. El Consejo Directivo de la FAZ desestimó las recusaciones bajo la excusa de la “obediencia debida” a normativas de facto, validando que quemar libros y delatar colegas eran actos “administrativos” justificables en su época. Escalado el caso al Consejo Superior, la votación resultó en empate y el Rector Campero desempató en el sentido de desestimar las recusaciones.
La impunidad triunfó en los claustros: no hubo destituciones y figuras como Cerrizuela y Alzabé continuaron sus carreras, llegando incluso a jubilarse con honores. En otras facultades no se llegó ni eso. Solo los estudiantes de Agronomía y Ciencias Naturales impugnaron los concursos de la dictadura con las herramientas que ofrecía la “ley Stubrin”. En las facultades dominadas por la Franja Morada no se impugnaron los concursos a pesar de que la ley fue presentada por el radical Marcelo Stubrin (diputado y ex militante de la Franja Morada). Tampoco hubo otros pedidos de Juicios Académicos como los que se intentaron desde el Consejo Superior a pedido de los estudiantes secundarios de la UNT, contra Juan Hipólito Ruiz Holgado.
En 2007, durante el Rectorado de Cerisola-Bardón, el Grupo por La Memoria propuso formalmente derogar las resoluciones de requisa ideológica de bibliotecas, que seguían vigentes, y explicitar en el reglamento de concursos que la “conducta universitaria digna” que se exige para ser docente de la UNT era incompatible con haber ejercido cargos académicos en la dictadura. Lo primero se aprobó, porque no causaba efecto. Lo segundo se rechazó.
Los actos bajo la consigna central “NO OLVIDAMOS”, enmarcados en las históricas jornadas “Por la Memoria, la Justicia y la Verdad”, se llevaron a cabo los días 1 y 2 de junio de 2007 en las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y en el Parque Sierra de San Javier. Este evento no fue una simple efeméride institucional, sino una demostración de fuerza y resistencia política organizada conjuntamente por el “Grupo por la Memoria UNT”, el Centro de Estudiantes de Agronomía y Zootecnia (CEAZ) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT). Durante estas jornadas, la irrenunciable tarea de reconstruir la verdad se materializó en la presentación del libro digital homónimo “NO OLVIDAMOS”. Este archivo constituyó un esfuerzo medular para el movimiento estudiantil y de derechos humanos al compilar documentación probatoria de la complicidad civil y académica con el genocidio. El material en CD reunió el informe de la Comisión Bicameral de Tucumán, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la UNT, el trabajo fotográfico “Hijos” de Julio Pantoja, documentación sobre la Universidad durante la dictadura y la reedición de la histórica publicación “La ciencia al Servicio de la Dependencia”, editada originariamente en 1986 por la agrupación estudiantil Frente Unidad LAZI. Presididos por una bandera que rezaba explícitamente “NO OLVIDAMOS A LOS COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AGRONOMIA”, se rindió tributo a los 15 estudiantes de esa casa de estudios víctimas del terrorismo de Estado. El acto central y mesa panel se desarrolló ese mismo viernes en el Aula Magna de la Facultad de Agronomía, con una concurrencia masiva de estudiantes, familiares, docentes y no docentes. El panel estuvo encabezado por figuras insoslayables como Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo); Luis Alén (entonces Jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación); la abogada y docente Alicia Noli; Andrea Vicente (hija de Santiago Vicente, estudiante de agronomía desaparecido a los 23 años); y Gerardo Gastaminza, docente y ex presidente del CEAZ. En ese estrado, Gastaminza expuso descarnadamente cómo operó la Doctrina de la Seguridad Nacional en la universidad, desmantelando institutos, cesanteando docentes y señalando a las autoridades cómplices de la dictadura en la facultad —como Edmundo Cerrizuela, Fausto Folquer y Bernabé Alzabé—, quienes fueron los responsables de la delación a la SIDE y la “limpieza” de la biblioteca.
Desde la UNT nunca se hizo nada reparatorio de sus propias responsabilidades en la dictadura.
Se ha cultivado cuidadosamente un relato que pinta a una Universidad monolítica en sus convicciones democráticas que, de repente, se vio asaltada por el poder militar “desde afuera”.
Esa versión falsa es usada por todas las gestiones de rectores (desde Campero hasta el presente) con periódicos y fugaces actos de memoria, hallazgos de archivos perdidos, legajos que se recuperan, nuevos hallazgos de los archivos que se habían encontrado pero que se perdieron de vuelta y se volvieron a encontrar y esta vez sí se van a publicar. Nunca una investigación seria, nunca un señalamiento público a las autoridades colaboracionistas, nunca un efecto administrativo real sobre tanto cacareo. Y un premio a la funcionalidad de Rovetta a quien se glorifica por haber archivado de manera elegante cualquier posible investigación interna dentro de la UNT. Los estudiantes de aquella comisión ya somos viejos, pero no olvidamos.
La degradación de la política universitaria
Un fenómeno preocupante que surgió tras la labor de la comisión fue la instauración del modelo de “militancia rentada” durante el rectorado de Rodolfo Campero. La Franja Morada, habiendo sido una fuerza clave en la recuperación democrática, comenzó a ocupar cargos administrativos de alta jerarquía mientras sus dirigentes aún eran estudiantes. Esta práctica transformó la universidad en un botín político-partidario y de negocios, donde los centros de estudiantes perdieron su capacidad crítica al convertirse en apéndices de la gestión rectoral. Los fondos mineros del YMAD se convirtieron en el lubricante de una red de clientelismo que replicó, en democracia, la falta de transparencia y la persecución de los disidentes internos, esta vez bajo formas económicas y administrativas. Algunos de ellos están siendo juzgados en estos días.
Reflexión final. Presente de razzias, “trencitos”, policía en los claustros y el encarcelamiento de niños y adolescentes.
La reflexión final de este documento se centra en la alarmante similitud entre los métodos operativos de la dictadura y las actuales prácticas de la policía y el Servicio Penitenciario de Tucumán. Informes de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura (CPTT) detallan la realización de crueles torturas a los presos, el hacinamiento en comisarías, el aislamiento prolongado y el altísimo número de muertes bajo custodia del Estado. Todo ello con complicidad de los tres poderes del Estado. Los “megaoperativos” ilegales conocidos como “trencitos” en barrios como San Cayetano, Villa Muñecas, Calpini y Villa Obrera de Tafí Viejo, entre otros, son caravanas de móviles policiales que intimidan a la población mientras agentes encapuchados ingresan a viviendas sin orden judicial, golpean a familias, encañonan a niños y roban pertenencias, utilizando el mismo lenguaje discriminatorio y racista que se escuchaba en los años 70. Se ha naturalizado la exhibición pública del traslado de presos sometidas a torturas posturales conocidas como “criqueo”, levantando los brazos por encima de los hombros de una persona que no ofrece resistencia. El discurso oficial es de abierta y orgullosa violación a los derechos humanos e incorporación a diario de nuevos efectivos y armamento.
Se ha naturalizado la presencia de la policía provincial en las facultadas de la UNT, incluida la de Filosofía y Letras, en una pérdida de tradiciones de autonomía universitaria que por ahora es simbólica, pero puede volverse efectiva en cualquier momento.
A futuro se prevé el encarcelamiento sistemático de menores de edad en centros infrahumanos que eufemísticamente serán llamados institutos de minoridad. Este pronóstico representa la cara más cruel de una violencia institucional que la universidad, como cuna de la vanguardia ética, no puede ignorar.
La historia de la Comisión de Derechos Humanos de la UNT demuestra que las universidades no son templos asépticos del saber, sino territorios en disputa donde el poder estatal ejerce su violencia con la colaboración necesaria de actores civiles. Para los universitarios politizados del presente, recuperar esta memoria no es un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta analítica indispensable. Conocer cómo el terrorismo de Estado logró cooptar la estructura universitaria, instaurar el espionaje en las aulas y cómo un sector del movimiento estudiantil peleó incansablemente contra el negacionismo y las leyes de impunidad, es vital. La lección perdura: la verdad no se espera de forma pasiva en un despacho; se arranca de los archivos, se disputa en la calle y se defiende, hoy como ayer, frente a cualquier intento de reinstalar el oscurantismo y la exclusión en la universidad pública, aunque se enarbole para ello de manera oportunista y superficial la bandera de la lucha por los derechos humanos.
*Fernando Korstanje, ha sido Secretario de la Comisión de DDHH de la UNT como Representante del Consejo Superior en 1986. Actualmente es docente en la carrera de de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT
**Luis Salas fue Secretario de DDHH de la FUT, Representante del Movimiento Estudiantil en la Comisión de DDHH de la UNT
