POR MARIANA DE LOS ÁNGELES FLORES
La crisis carcelaria en Argentina en particular y el mundo en general, nos invita a pensar otras formas y concepciones para abordar la criminalidad que permitan encarar la complejidad de la problemática social. El punitivismo hoy parece ser el método más frecuente para actuar frente al delito, sin embargo parece no ser suficiente y de hecho, hay indicios de que empeora la situación social. ¿El castigo de verdad es una buena herramienta para encarar la violación a la ley?
Argentina adhiere a los tratados internacionales que establecen que todas las personas privadas de libertad deben tener derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. El artículo 18 de la Constitución Nacional contempla a las cárceles como medio para reducir la criminalidad, no para castigar, y establece que las condiciones de las prisiones no deben generar un mal mayor a la pena dictaminada.
Las leyes se basan en el principio de reintegración social
La reintegración social hace referencia al proceso por medio del cual una persona que ha cumplido su pena en prisión, logra reincorporarse satisfactoriamente a la sociedad sin volver a cometer algún delito o reincidir.
Los programas de reintegración social tienen en cuenta los factores que influyen en que un ciudadano transgreda la ley y reincida, tales como; el entorno familiar, el uso de sustancias, historial de conducta delictiva, variables psicológicas y cognitivas, psicopatía, desempleo, comportamiento social y relaciones interpersonales (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Es por esto que incluyen diversos programas cognitivos de comportamiento y de desarrollo de destreza, salud mental, tratamiento por dependencia de drogas, educación y formación laboral, que buscan transformar y mejorar las condiciones de los encarcelados, los cuales deben seguir con tratamiento una vez liberados para su exitosa reinserción en la sociedad.
La modalidad Educación en Contextos de Encierro (ECE) aprobada por Consejo Federal de Educación de Argentina garantiza el derecho a la educación a todas las personas en situación de privación de libertad y trabaja en: cárceles, centros para jóvenes, establecimiento para tratamiento de adicciones, cualquier otra institución donde se encuentren personas privadas de la libertad.
El caso de Tucumán
En Tucumán, el Centro Las Moritas trabaja para la rehabilitación y reinserción social de pacientes varones con consumo problemático de sustancias. Es un centro residencial y abierto que cuenta con un equipo interdisciplinario de talleristas, psicólogos, psiquiatra, médico clínico, nutricionista, entre otros, con el fin de proporcionar un tratamiento al paciente y en última instancia, lograr su inserción social.
También colabora en conjunto con el Ministerio de Educación, para que las personas puedan iniciar o terminar sus estudios primarios o secundarios (Plan Fines).
El Patronato de Internos y Liberados es otro organismo público encargado de ofrecer asistencia, protección, promoción, supervisión y seguimiento a sujetos que se encuentren en libertad, cumpliendo su condena en libertad condicional, o en período de prueba. El ente planifica y coordina acciones interdisciplinarias; producen diagnóstico de la situación familiar, social y laboral para la implementación de estrategias más adecuadas de reinserción social, brindan servicios educacionales y capacitaciones para el mercado laboral y otras acciones con el objetivo de evitar la reincidencia y contribuir a la disminución de los índices de delincuencia.
Dentro de las cárceles también funcionan capacitaciones, talleres y programas educativos de resocialización, como el caso del Penal de Villa Urquiza que cuenta con las escuelas N°1 y N°2 (subsede de la Escuela de Oficios Gral. Belgrano) donde se dictan nivel primario y secundario y oficios de formación profesional para los reclusos.
Sabemos que para el correcto progreso de un interno es necesario que los establecimientos cumplan con las condiciones básicas estructurales, de higiene, dignidad y salud integral, de acuerdo a Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 24.660) todas las personas privadas de su libertad merecen un trato digno y el ejercicio de derechos humanos.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) realizó una inspección de las cárceles y posterior Informe de Seguimiento a la Provincia de Tucumán (Junio 2024 – Enero 2025). El informe revela la situación de emergencia que se atraviesa en los penales y comisarías; pésimas condiciones materiales, hacinamiento y mínimas medidas de salubridad que según el comité son incompatibles con los estándares mínimos de trato digno.
Además, se denunciaron situaciones de abuso y maltrato por parte de agentes policiales. En el nuevo Complejo Penitenciario Benjamín Paz se relataron distintas instancias de violencia, se menciona que las personas trasladadas desde comisarías al complejo desconocían sobre el traslado, les ataron las manos y cubrieron sus cabezas para impedir su visión. Desde ahí eran violentados de diversas formas y amontonados unos encima de otros en la unidad de traslado.
En la Unidad Penal de Delfín Gallo también se señalaron hechos de tortura, algunas mujeres relataron que ante un pedido o solicitud como el acceso a agua, comunicación o visitas, eran agredidas de forma sistemática en una sala de visita íntima.
El régimen de vida en estos penales según el CNPT es sumamente estricto. En la Unidad Benjamín Paz los individuos deben permanecer en sus celdas más de 23 horas diarias, de cuatro a dos veces (según el sector) pueden comer en grupos un sector común solo por 5 a 10 minutos. En algunos sectores las personas tienen permitido las duchas todos los días por 10 minutos y en otros solamente una vez a la semana.
En ocasiones pueden salir al patio interno del pabellón alrededor de 10 minutos con un profesor de educación física, pero muchos no han podido acceder al programa. La comunicación con el exterior es escasa, no hay teléfonos fijos y el personal ofrece solo un teléfono para llamadas.
Las visitas se realizan dos días a la semana durante 15 minutos, no está permitido el ingreso de menores de 18 años y no se puede mantener contacto físico.
Con respecto al acceso a la salud, se señala que es difícil de concretar, el personal médico se encuentra en el penal de Villa Urquiza y se traslada a la unidad cuando el personal lo solicita.
En cuanto al penal de Delfín Gallo, las visitas de contacto se realizan una vez a la semana de 9 a 12 hs, las de cero contacto físico duran 30 minutos aproximadamente y solo está habilitado el ingreso de un adulto y un menor de 18 años. Se les permite salir a espacios comunes dentro del establecimiento dos horas a la mañana y dos horas a la tarde, el resto del día lo pasan en sus celdas comunes.
No hay ninguna actividad de recreación, talleres o educación. No pueden trabajar, a excepción de aquellas que realicen tareas de limpieza (cobran $300 mensuales).
El acceso a la salud está garantizado por el personal pero generalmente la respuesta a cualquier malestar es la proporción de ibuprofeno. El servicio penitenciario no ofrece ningún producto de higiene (ni siquiera menstrual).
Estas situaciones exhiben el desfavorable contexto de encierro que viven las personas privadas de su libertad en la provincia, a pesar de que se cuente con leyes para garantizar sus derechos. Las condiciones carcelarias de Tucumán no son un caso aislado.
Magnitud del problema
De acuerdo al informe del CNPT de 2024, a nivel nacional la ocupación de los centros penitenciarios fue 130,2%, es decir que hubo un 30% más de internos que la capacidad real de los establecimientos. En la provincia de Salta el registro de ocupación fue del 240%, el caso más crítico del país.
El informe de Reincidencia en Argentina (2022) del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), destaca que los Patronatos de Liberados cuentan con pocos recursos, están sumamente desfinanciados y no cuentan con una estructura necesaria para proveer soluciones de mediano y largo plazo a los liberados (a pesar de ser el principal organismo para tratar el problema de reincidencia). Tampoco hay otras políticas públicas de alto alcance para abordar la cuestión. Además, las condiciones de las cárceles como las nombradas anteriormente no brindan ninguna herramienta para el progreso y reintegración social.
A esto se suma el bajo número de personas verdaderamente llegan a participar de programas socializadores, educativos y laborales; solo el 30% tienen acceso dentro del penal a estos servicios. Lo que implica una gran brecha entre el concepto de “reintegración social” –comprendida en las leyes nacionales sobre las prisiones– y la realidad.
Realmente cabe preguntarse si estas perspectivas y prácticas punitivistas que buscan castigar de forma extrema el delito tienen alguna consecuencia positiva en la sociedad. Argentina registró el número de población privada de su libertad más alto en la historia del país, con un total de 120.700 personas en contexto de encierro, con una tasa de reincidencia igualmente alta. El 65% de personas encarceladas volvió a cometer un delito luego de cumplir su condena anterior (SNEEP 2024).
No existen indicios de que la “mano dura” reduzca el incumplimiento a la ley, asimismo este método deviene en abusos policiales y estatales que pueden afectar a gente que no ha cometido alguna transgresión.
En 2024 la organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino (ANDHES) denunció ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la presencia y aumento de megaoperativos de detención arbitraria principalmente en los barrios populares de la provincia. El trencito*, realizado en lugares como Villa Alem, consiste en la presencia de automóviles policiales que recorren el barrio en fila y levantan a la gente sin motivo. Estos hechos se han registrado en varias zonas vulnerables y continúan hasta el día de hoy.
Tampoco se debe olvidar los casos de gatillo fácil que sacudieron a Tucumán y se llevan como víctimas principalmente a menores. El caso de Facundo Ferreira**, un niño de 12 años que murió a manos de la policía por un disparo en la espalda, resonó en todo el país, principalmente por la manipulación de la escena del crimen por parte de los policías y registro de las cámaras de vigilancia.
Resulta así incomprensible cómo políticas como la baja de edad de punibilidad a 14 años aprobada por la ley 27.801, se ofrecen como solución para reducir la violencia y la delincuencia cuando el mecanismo actual de las cárceles y operativos policiales no cumplen con estándares mínimos para cambiar la situación de los sujetos que cometen delitos.
Si hoy tenemos una crisis carcelaria es, principalmente, porque el sistema carcelario no se enfoca en revertir la problemática, sino en castigar y violentar a quienes no se integran en la sociedad. Resulta necesario también preguntarse quiénes son los que efectivamente reciben una castigo por sus actos. Personas con cargos altos como políticos, directivos, etc. muy pocas veces son condenados por delitos y crímenes graves, y si lo son, no atraviesan las mismas situaciones que los presos comunes.
En 2023, la Corte Suprema de Justicia de la provincia anuló la sentencia a los policías condenados por el crimen de Facundo Ferreira (condenados a prisión perpetua en 2021) y ordenó un nuevo juicio. El oficial en ese entonces, Diego Darío Lescano, acusado de encubrimiento tampoco fue investigado por la corte.
Tratar a las personas en situación de encierro como sujetos de derecho no debería ser una excepción, y los programas y políticas de reintegración social podrían ser una gran alternativa si se invirtiera lo necesario y tuvieran un alcance exponencial. Las personas que logran acceder a estos servicios tienen un progreso significativo y herramientas que le sirven para su vida después de la cárcel. Apostar por educación y crecimiento es pensar en el futuro y en un país más justo.
Del mismo modo, es crucial cuestionar las estructuras que posibilitan los actos de violencia institucional dentro (y fuera) de los establecimientos penitenciarios y que obstruyen el correcto ejercicio de los derechos humanos.
* Lea en Nuevo Trópico ¿Los buenos son los de azul? de Mariela Ramos y Adriana Galarza
** Recomendamos ver Periodistas, versiones y contra información sobre Facundo Ferreyra
