POR HELAINE GANA
“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos”, decía Mariano Moreno cuando creó La Gazeta de Buenos Ayres, el primer órgano de difusión de las ideas de la Primera Junta de Gobierno. Pero hoy, ¿qué piensa el pueblo sobre quienes trabajan para distribuir y democratizar la información?.
¿Cómo es ser periodista en esta época de odio y violencia? Para algunos es salir a trabajar sabiendo que su voz, el micrófono, la cámara o la libreta son nuevos blancos de agresión. Es informar en un país donde, con más frecuencia, contar lo que sucede tiene un costo: ser señalado, amenazado o agredido.
Ahora no sólo se trata de buscar la verdad, sino de defender el derecho a contarla. La legitimidad del oficio se va perdiendo día a día, empujada por discursos que estigmatizan a la prensa y alimentan la desconfianza en ella. En las redes sociales, en las calles, y ahora desde los sectores que deberían garantizar la libertad de expresión.
Del desprecio al peligro
La desconfianza hacia el periodismo no es noticia nueva, se viene gestando hace rato: alimentada por errores propios, operaciones mediáticas y el pueblo cansado de ser manipulado y desinformado. Pero en ese malestar genuino se fue colando algo más oscuro: una narrativa que no busca mejorar el periodismo, sino destruir su legitimidad. No interpela a los medios, sino que los convierte en enemigos.
“Los periodistas mienten”, “son todos ensobrados”, “dicen lo que les conviene”. Mensajes como estos, llenos de bronca, comenzaron a circular a una velocidad imparable en las redes sociales. De un simple tweet, estas ideas pasaron a ser sentido común, un combustible emocional que desprecia a cualquier intento de informar que no corresponda a los ideales propios. Un desprecio que no distingue entre un famoso conductor de televisión, cronista de calle o un fotógrafo independiente: el periodista es, simplemente, “el enemigo”.
El presidente Javier Milei, lejos de intentar revertir ese clima, lo profundiza. Desde el inicio de su mandato, alimenta e instala esa visión, calificando insistentemente a los periodistas como “ensobrados”, “mentirosos y calumniadores” y pronunciando frases como: “Los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Si odias al político, al periodista odialo más”, “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”, “lloran porque perdieron el poder de mentir, calumniar, injuriar, difamar y hasta extorsionar sin costo”. El mensaje es directo y brutal. No busca crítica: busca exterminio simbólico. Y cuando ese odio baja desde el poder, no queda solo en el terreno de las ideas. Se vuelve acción. La profesión se transforma en blanco de odio social.
Del discurso a los hechos
Toda esta estructura de odio no queda en el plano retórico. Tiene consecuencias. Se vuelve política pública, se vuelve represión en la calle, se vuelve persecución a las voces. Y el odio se acumula, se contagia, se encarna.
Desde el comienzo de su mandato, el gobierno nacional, avanzó con medidas que apuntan directamente contra los trabajadores de prensa y los medios públicos.
El cierre de Télam, la agencia estatal de noticias con 80 años de historia, fue uno de los primeros gestos simbólicos y materiales de ese desprecio a la democratización de la información. Lo que suponía ser un recorte de los gastos millonarios del Estado, terminó siendo una intervención total a los medios estatales: “Vamos a cerrar la agencia Télam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como una agencia de propaganda kirchnerista”, dijo Milei presentando el decreto en el Congreso, silenciando a más de 700 empleados de la comunicación de todo el país, sin mediar debate y sin argumentos.
A partir de esto se entendió que informar desde una perspectiva pública y federal no tiene lugar en este nuevo modelo de país.
Pero la violencia no se queda ahí. Aquellos periodistas que informan lo que ocurre en el país se vuelven enemigos públicos. En las calles crecen las protestas sociales y junto a ellas la hostilidad hacia la prensa. En los estudios la intolerancia se acrecienta y todo lo que producen es observado bajo una tela de prejuicios instalada sistemáticamente.
Comentar caso por caso de hostigamiento, por su cantidad y magnitud, merece una nota aparte, pero mencionar los nombre de nuestros compañeros no está de más: Pablo Grillo, María O’Donnell, Marcelo Bonelli, Martín Rodríguez Yebra, Silvia Mercado, Luisa Corradini, María Laura Santillán, Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz, Romina Manguel, Víctor Hugo Morales, Marcelo Longobardi, Hugo Alconada Mon, Luciana Peker, Jorge Occhiuzzi, Valentina Blasón, Sebastián Riego, Delfina Celichini y Luis Ángel Caro. Estos son algunos de los nombres que resonaron en el último tiempo, pero hay muchos más afectados por hacer lo que cualquier periodista: registrar y difundir lo que sucede.
Las cifras del hostigamiento
Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024:
- FOPEA registró 173 agresiones contra periodistas, lo que equivale a un ataque cada dos días. Lejos de ser hechos aislados, se trata de una escalada sostenida y sistemática que, en su mayoría, proviene del propio Estado: el 69,36% de los ataques fueron cometidos por funcionarios públicos, y otro 12,72% por personas cercanas o vinculadas al poder oficial (FOPEA).
- En este escenario, el rol del presidente no es menor: fue directamente responsable de 56 ataques, lo que representa más del 32% del total. Su estrategia discursiva funciona como pie para que otros actores también actuén (La Nación).
- Los ataques no son solo verbales. Más de un cuarto de los casos (25,43%) fueron agresiones físicas, amenazas o detenciones arbitrarias, mientras que en otros se denunciaron restricciones al acceso a la información (13,29%), acciones judiciales con fines intimidatorios (6,36%), y hasta censura directa (3,47%) (Infobae).
Estas cifras no solo grafican una tendencia: confirman que el desprecio presidencial hacia el periodismo se traduce en un clima de hostilidad creciente, en el que ejercer la profesión se ha vuelto, más que nunca, un acto de resistencia.
Entonces, la secuencia es clara: primero se desacredita, luego se desfinancia, después se calla, y finalmente se golpea.
No se trata de hechos aislados. Es una política sistemática que construye enemigos, señala culpables y busca el silencio como victoria.
“Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”, decía Mariano Moreno en su artículo “Sobre la libertad de escribir”, días después de fundar la Gazeta de Buenos Ayres.
Hoy, más que nunca, ser periodista es luchar contra esta ruina y abatimiento.
