POR CARLA RAMEAU
A 60 años del golpe de Onganía sigue la misma pregunta I A seis décadas de distancia, tanto el cierre de los ingenios tucumanos como los actuales debates sobre el ajuste económico, vuelven a poner en discusión una misma pregunta: cuando el progreso se presenta como una promesa de futuro, ¿quiénes terminan asumiendo los costos de esa transformación?
El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Arturo Illia y pusieron fin a su periodo de gobierno. Para los militares, el país atravesaba una crisis política y económica que exigía un cambio profundo. Bajo el nombre de “Revolución Argentina“, el nuevo gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía prometía reorganizar la Nación, modernizar la economía y dejar atrás los problemas que, según sus impulsores, impedían el desarrollo del país.
Las palabras “revolución” y “cambio” ocupaban las portadas de gran parte de las revistas políticas de la época. Publicaciones como Primera Plana o Confirmado reflejaban los temas centrales del nuevo gobierno y analizaban la idea de la transformación necesaria para sacar adelante al país. La modernización, la eficiencia y el orden aparecían como objetivos incuestionables de aquella nueva etapa.
Hoy, sesenta años después, otra imagen ocupa la portada de numerosas revistas y medios de comunicación: la motosierra. Convertida en el símbolo visual del proyecto político del gobierno actual, donde representa reformas, recortes y ajustes que, según el discurso oficial, son necesarios para corregir problemas estructurales de la economía argentina.
Se trata de contextos históricos distintos y actores políticos diferentes que no pueden equipararse de manera directa. Sin embargo, existe una operación comunicacional que parece repetirse: presentar el cambio y el sacrificio como una ruptura necesaria con el pasado para alcanzar un futuro mejor. Un futuro prometido que, en ocasiones, puede adquirir tintes casi utópicos.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede soportar el pueblo los costos de esas transformaciones y a quienes benefician?
En Tucumán, esa pregunta tiene una carga histórica particular. La promesa de reorganización llegó a la provincia con un elevado costo humano bajo el argumento de modernizar y hacer más eficiente la industria azucarera. Para el gobierno de Onganía, numerosos ingenios no resultaban rentables y representaban un obstáculo para la reestructuración económica que buscaba implementar.
Durante gran parte del siglo XX, la economía de Tucumán giró alrededor de la actividad azucarera. Los ingenios no eran solamente fábricas: eran el corazón económico, social y cultural de numerosos pueblos. Miles de familias dependían directa o indirectamente de ellos para subsistir. El trabajo, la identidad y la vida cotidiana estaban profundamente ligados a la producción de azúcar.
El 22 de agosto de 1966, apenas dos meses después del golpe de Estado, se decretó el cierre de siete ingenios azucareros. Sin embargo, el proceso no terminó allí. Entre 1966 y 1968 cerraron en total once de los veintisiete ingenios que funcionaban en la provincia, provocando una de las mayores crisis sociales de la historia tucumana.
Por eso, cuando los ingenios apagaron sus calderas, no solo se perdieron puestos de trabajo. También comenzaron a vaciarse pueblos, a cerrarse comercios y a romperse proyectos de vida. Miles de tucumanos se vieron obligados a emigrar en busca de oportunidades. Fue un golpe duro para Tucumán, una herida social cuyas consecuencias tardaron años en comenzar a sanar y que todavía permanece viva en la memoria colectiva de la provincia.
La experiencia tucumana demuestra cómo decisiones económicas presentadas como necesarias o inevitables pueden generar profundas consecuencias humanas. Detrás de cada medida existen trabajadores, familias y comunidades enteras que experimentan en carne propia los efectos de las transformaciones impulsadas desde los centros de poder.
Aunque estas políticas suelen justificarse en nombre de la eficiencia, la modernización o el crecimiento, la historia muestra que sus resultados no se distribuyen de manera uniforme: mientras algunos sectores resultan beneficiados, otros deben asumir los costos sociales de esos cambios.
En la Argentina actual, el gobierno sostiene que el ajuste y las reformas son el camino indispensable para superar la crisis económica heredada. Bajo la promesa de estabilizar el país y construir un futuro de crecimiento, se impulsan medidas que afectan distintos ámbitos de la vida cotidiana. Mientras algunos sectores respaldan estas decisiones por considerarlas necesarias, otros expresan preocupación por el impacto que generan sobre trabajadores, jubilados, estudiantes y familias que enfrentan cada vez mayores dificultades para sostener su economía diaria.
A sesenta años del golpe, hoy las circunstancias históricas y políticas no son las mismas. Sin embargo, la historia invita a sostener una reflexión que continúa vigente: cuando un gobierno promete transformar el país, ¿quiénes terminan pagando el precio de esa transformación?
