POR AGUSTÍN SORIA
El 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado al gobierno constitucional de Maria Estela Martinez de Peron, iniciando con el proceso de “Reorganización Nacional”, un plan sistemático de represión, secuestros, torturas y desapariciones forzadas, que se extendería hacia 1983. La fecha es reconocida como el “Día por la memoria, la verdad y la justicia”, permite reflexionar sobre el comienzo de un periodo oscuro para la historia Argentina.
Esta fecha marca como punto base para la comprensión histórica a 1976, a partir del golpe militar, pero estudios históricos y diversos informes señalan que el periodo represivo empezó en 1975, más concretamente en Tucumán y bajo un gobierno constitucional, con el llamado “Operativo Independencia”.
Operativo Independencia
Luego de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, María Estela Martínez de Perón, su esposa y vicepresidenta, asumió la presidencia. En un clima hostil y de incertidumbre política, el 5 de febrero de 1975 la nueva presidente ordenó a través de un decreto, el inicio del llamado Operativo Independencia: “el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
Hablar de “elementos subversivos” no parece ser la definición más clara y da lugar a distintas interpretaciones. El concepto subversión fue cambiando durante el tiempo según quien le diera el sentido. Para el gobierno de Ongania en 1966, “subversivo” era aquel trabajador despedido que participó del Tucumanazo tras el cierre de los once ingenios. En 1975, subversivo pasó a ser aquel que participaba de movimientos político-revolucionarios, de quien habla el decreto, aquel que debe ser neutralizado y aniquilado era la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, un frente de guerrilla rural creado por Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), una de las principales organizaciones político-militares que actuaban en el norte del país. Con el objetivo de desactivar a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” se movilizaron miles de soldados, oficiales y suboficiales de todo el país. En esta primera etapa, al frente de las operaciones militares estuvo el general Acdel Vilas, comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército argentino, y luego de diciembre de 1975 y durante dos años, Antonio Domingo Bussi.
Según Antonio Cafiero, ex ministro e integrante del gabinete del gobierno constitucional durante el año 1975, cuando fue llamado a declarar en uno de los juicios por el operativo independencia dijo: “El objetivo político del gobierno que integró fue, en primer lugar, detener o dificultar la acción de la guerrilla capacitando a las Fuerzas Armadas para este rol, siempre dentro de la Constitución y las leyes. En el decreto respectivo se encomendó a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar, no se habló de eliminar a los subversivos, aniquilar no significa aniquilar al adversario sino dejarlo inerme para que no pueda seguir actuando”.
Encomendar a las fuerzas armadas “neutralizar al enemigo” es completamente distinto a “aniquilar al enemigo”. Lo que el ministro define se refiere a la neutralización del enemigo, “aniquilar no significa aniquilar al adversario”, justamente la propia palabra lo dice. El decreto deja totalmente a libre interpretación de las fuerzas armadas cuales son los métodos para “aniquilar” y mucho menos claro define quien es considerado subversivo.
Los primeros esfuerzos y concentración de las fuerzas militares estuvieron en “neutralizar” a la Compania Rosa Ramón Jimenez. Este grupo guerrillero operaba en los montes, donde tenían un conocimiento de la zona, se dividieron en pequeños grupos y empezaron a vivir en clandestinidad para evitar ser detectados. Las fuerzas armadas de todo el país vinieron a combatir a un grupo guerrillero que controlaba la provincia de Tucumán, pero diversos estudios históricos demostraron la falsedad de esta afirmación. Según Pablo Pozzi, historiador de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en su estudio titulado “Una persona entregada en cuerpo y alma a la revolución. ¿Quiénes eran los Guerrilleros del PRT-ERP de Argentina?”, la Compañía de Monte ‘Ramón Rosa Jiménez’ estaba compuesta entre 75 y 100 combatientes.”
La gran cantidad de efectivos militares movilizados vinieron a combatir contra un grupo menor, al cual les costaba encontrar por su conocimiento del terreno en el monte, por lo que el ámbito de acción de las fuerzas armadas se va a ampliar, y sus objetivos se van a dirigir a evitar la expansión del comunismo y el crecimiento de los movimientos de izquierda.
Ensayo preliminar
Al no tener indicaciones sobre qué podría ser subversivo, y como se tendría que eliminar la subversión en Tucumán, las fuerzas militares tomaron sus licencias, propusieron sus propias definiciones y métodos.
Subversivo pasaba a ser cualquier persona vinculada a movimientos de izquierda o con ideas contrarias al poder central. Ni siquiera hacía falta que perteneciera a un grupo guerrillero, sino que solamente importaba que el individuo tuviera movilización política: dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán, profesionales, docentes y, con especial saña, sobre el sindicalismo combativo de la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar), que venía liderando resistencias históricas desde el cierre masivo de los ingenios en los años sesenta, son definidos como los subversivos.
“Neutralizar al enemigo” no tenía sentido, simplemente porque ese enemigo no existía, y era una construcción propia de los militares en cuanto a quién podría ser peligroso o subversivo. Por lo que van a centrarse en el “aniquilamiento de la subversión”. Trabajadores, estudiantes, sindicalistas van a ser interrogados, encerrados, torturados y algunos desaparecidos, mientras se seguía sosteniendo el relato de que estas acciones del ejército eran producto de la guerra contra el PRT-ERP para terminar con la subversión, y que se estaba cumpliendo con lo establecido en el decreto Independencia.
Los militares definieron su propio enemigo, crearon su propia guerra y la defendieron a través de medios oficiales afines al poder. Además, tomaron su propia decisión respecto a cómo proceder en el “aniquilamiento”. El registro unificado de victimas de terrorismo de Estado (RUVTE), informó que existieron 61 Centros Clandestinos de Detención (CCD) durante este período. El caso fundacional es el de “La Escuelita” de Famaillá, certificada institucionalmente como el primer centro clandestino del país, operativo desde febrero de 1975 y por donde se calcula que pasaron más de 2.500 detenidos.
Definir quién es el enemigo, la manera de “aniquilarlo” y la violencia sistemática orquestada desde el Estado, son los mismos elementos que van a definir el proceso de Reorganización nacional, que se llevará a cabo el año siguiente.
Datos
RUVTE (Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado) es una base de datos dinámica y en permanente actualización, que toma datos sobre desaparecidos de diversas fuentes: La Conadep, juicios realizados, denuncias de los familiares, entre otras fuentes historicas de información.
Según el mismo RUVTE, en su informe del registro unificado de victimas de Terrorismo de Estado, entre el 5 de febrero de 1975 (día en que fue decretado el operativo Independencia), y el 24 de marzo de 1976 (fecha del golpe militar), en Tucumán fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente 294 personas.
Lo más escalofriante es que el mismo informe cuenta con datos de 23 desaparecidos desde antes de febrero de 1975:
- ACOSTA BENITO ANTONIO (20/08/1974)
- BRITO JULIO ALFREDO (26/09/1974)
- CHÁVEZ MIGUEL ARGENTINO (24/01/1975)
- CLÉRICI JORGE CARLOS (08/10/1974)
- CORONEL LUIS REIMUNDO (07/05/1974)
- COSTILLA MARIO RODOLFO (24/01/1975)
- GIMÉNEZ RAMÓN ROSA (16/10/1972)
- JUÁREZ FÉLIX FORTUNATO (13/10/1974)
- LESGART SUSANA GRACIELA (30/11/1971)
- MADDALENA JUAN MARIO (23/01/1975)
- MENA JOSÉ RICARDO (28/11/1970)
- MÉNDEZ ANTONIO (22/10/1974)
- MERCADO CLARA DORA (06/04/1973)
- MOLINA ROSA BERTA (02/12/1974)
- MONTENEGRO LUIS ALBERTO (06/12/1974)
- NÚÑEZ CARLOS ORLANDO (18/11/1974)
- OLMOS JUAN DE LA CRUZ (1º/11/1974)
- ROBLES RAMÓN HUMBERTO (10/10/1972)
- VEGA DORA EMILIA (1º/12/1974)
- VILLARREAL ANA MARÍA (FEB/1972)
- VIUDEZ EUGENIO ALBERTO (04/12/1974)
- VIUDEZ JULIO CÉSAR (04/12/1974)
- VIVAS TEODORO ANDRÉS (03/10/1974)
Todas estas personas fueron desaparecidas antes del comienzo del Operativo Independencia y del proceso de Reorganización Nacional que instaló la violencia en el resto del país. Todo esto en pleno gobierno democratico. Lo que demuestra que el accionar represivo de las fuerzas armadas (Tucumán, zona históricamente militarizada), data desde antes del Operativo Independencia. En una provincia con un fuerte aparato represivo, se dió vía libre con el decreto y se aumentó la violencia ya ejercida, pero ahora con la autorización del gobierno nacional.
Culpables
El primer juicio por el Operativo Independencia comenzó el 5 de mayo de 2016 y la lectura del veredicto se realizó el 15 de septiembre de 2017. Se juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas, declararon 455 personas. Fueron procesadas 17 personas, de las cuales 6 fueron condenadas a perpetua, 4 condenadas con penas menores (entre 4 y 18 años) y 7 fueron absueltas.
En el veredicto del juicio, el tribunal concluyó sobre la actuación de las fuerzas militares que operaron en Tucumán: “Es que conforme ha quedado claramente demostrado a lo largo de las audiencias de debate, se apartaron de la organización judicial del Estado de Derecho y con el poder de fuego que exclusivamente ellos detentaban, persiguieron a muchos más que aquellos que hubieran optado por la participación activa en organizaciones armadas por fuera del Estado con el objeto de tomar el poder por fuera de las vías constitucionales: Reprimieron salvajemente a los que pensaban distinto y a los que ellos definían como “peligrosos”, ello duramente enfatizado cuando se estableció el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que tenía como respaldo a estos líderes de las Fuerzas Armadas”.
Quienes participaron firmando el decreto del Operativo Independencia, no recibieron ninguna condena, algunos ni siquiera fueron llamados a declarar. Acdel Vilas, comandante que lideró las primeras operaciones del Operativo Independencia, murió en 2010 sin ser condenado por la justicia. Antonio Domingo Bussi, quien comandó la segunda parte del operativo, volvió a ser gobernador unos años después con la vuelta de la democracia.
Memoria, verdad y justicia
El Pozo de Vargas fue construido a fines del siglo XIX como un pozo de agua para abastecer a las antiguas locomotoras a vapor de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Es una enorme estructura subterránea de mampostería de ladrillo, de casi 40 metros de profundidad, ubicada en las inmediaciones del actual barrio Lomas de Tafí.
A partir de 1975 comenzó a ser utilizado como un depósito de cadáveres de personas secuestradas y asesinadas por los militares. Para evitar que los cuerpos fueran descubiertos, arrojaban toneladas de escombros, tierra, materiales ferroviarios, objetos de los desaparecidos y basura. Esto generó una especie de “tapón” de decenas de metros que selló la fosa.
A nivel nacional, el sitio con mayor cantidad de cuerpos recuperados es el Sector 134 del Cementerio de Avellaneda, en Buenos Aires, con 336 víctimas. Pero hay una explicación, este no era un único pozo o fosa, sino un área entera dentro del cementerio donde se cavaron múltiples pozos.
En el Pozo de Vargas se encontraron los restos de 149 personas, según el CAMIT (Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán). En un único pozo se encontraron un poco menos de la mitad de personas que se recuperaron de todo un cementerio (siendo de la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada). Por lo que el Pozo de Vargas es reconocido como la fosa común más grande de Argentina y una de las más importantes en América Latina.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los investigadores locales han logrado verificar la identidad de 121 víctimas. En la actualidad, aún quedan 28 personas cuyos restos óseos no han podido ser identificados. Sus secuencias de ADN ya fueron aisladas en el laboratorio por los peritos, pero el EAAF no puede restituirles su nombre y apellido hasta que no haya con qué compararlas. Esto se debe a que faltan familiares de esas víctimas que se acerquen a donar una gota de sangre para hacer el cruce genético.
Romualdo Ricardo Abad, Leopoldo Navarro, María del Carmen Clodomira, Roberto Vega, David Costilla, Marcos Antonio Pérez, Samuel Gerónimo Romero, Santiago Vicente, Francisco Díaz, Segundo Bonifacio Arias, Nilda Zelarayan, Miguel Ángel González, Gustavo Focchi, Justina Carrizo, Esther Moreti, Miguel Antonio Ibarra y Luis Alejandro Lezcano fueron víctimas del Operativo Independencia y se encontraron en el Pozo de Vargas (según CAMIT).
Rey Zurita, perito y miembro del CAMIT, en una entrevista con el medio Tiempo Argentino, le consultaron sobre cuál era el valor simbólico del pozo de Vargas, él contestó:
“El pozo es la evidencia física y material de algo que pasó y la gente lo niega. Hoy hay gente que sigue diciendo que esto era mentira o era irreal, pero yo creo que esa negación pasa por lo brutal de lo que refleja el pozo”. “Se vendió una teoría que la sociedad creyó. Por otro lado están las personas que fueron víctimas”.
No fue un exceso de Estado, no fue resultado de un escenario de guerra. La represión y las desapariciones en Tucumán datan desde antes que fuera institucionalizado por el estado a través del operativo Independencia. Este 24 de marzo, estas personas también deben ser recordadas, respetar su verdad, porque no participaron de ninguna guerra, y sobre todo justicia, para sus familias y hacia aquellos que todavía no pudieron ser identificados. Memoria, verdad y justicia.
