POR BENJAMÍN VARGAS
Tucumán y el país se movilizaron para exigir al gobierno que cumpla con la ley I El 12 de mayo se llevó a cabo una nueva marcha federal universitaria en Argentina. Se trata de la cuarta desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación y no es casualidad: ya desde sus épocas como Diputado Nacional, el mandatario se expresó siempre en contra de las universidades públicas, argumentando que estas son “lugares de adoctrinamiento, que promueven el ‘marxismo cultural’ cuyos valores son la envidia, el odio y el resentimiento”. Por si fuera poco, desde que el dirigente liberatio asumió la presidencia en diciembre de 2023, decidió congelar el presupuesto durante dos años, vetó dos leyes y actualmente se niega a cumplir con la última ley de financiamiento sancionada en octubre de 2025 y rectificada por la Justicia hasta su suspensión a principios de mayo.
La negativa del gobierno a aplicar la ley, argumentando que “no hay plata” y que las universidades “no se dejan auditar”, llevó a que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), convocara a una nueva marcha universitaria, luego de lo que fueron las del 23 de abril y 2 de octubre de 2024 y 17 de septiembre de 2025. El slogan de esta nueva marcha fue “Milei: cumplí con la ley”, en referencia que, hasta el 12 de mayo, pasaron 203 días desde que la ley de financiamiento fue sancionada y no se aplicó.
En Tucumán, concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras, se decidió comenzar la jornada allí, junto a estudiantes y docentes de esta institución en conjunto con la Facultad de Psicología. Durante toda la mañana se realizaron actividades como creación de afiches, banderas, pañuelos y se desarrolló una olla popular. Luego, a las 16, estudiantes y docentes se movilizaron hacia el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), donde ya estaban concentrando otras facultades, junto a las autoridades de la Universidad y las diferentes Facultades, además de diferentes gremios docentes como la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT). Una vez reunidos todos, se procedió a marchar hasta Plaza Independencia, en lo que fue una manifestación realmente multitudinaria. En el resto del país, en un reflejo de lo que fue aquella primera marcha del 23 de abril, las calles se colmaron de estudiantes, docentes, no docentes, graduados y personas que simplemente quisieron mostrar su apoyo al movimiento.
“El llenar las calles debería ser la expresión del pueblo y hoy en día creo que una de esas necesidades es tener una educación pública de calidad, que hoy no estamos logrando porque no hay financiamiento”, afirma Constanza Bonotto, estudiante de la carrera de Letras. Por su parte, Joaquín Díaz Santilli, estudiante de Comunicación y referente de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA) comenta: “marcho hoy por muchas razones, pero la principal es que quiero defender la educación pública, como venimos haciendo hace años. Nos paramos siempre en defensa de la Universidad Pública, y también queremos mejorarla. Esto no es solo por la ley, sino también para reivindicar las luchas estudiantiles y porque quiero tener clases, tan simple como eso, y eso es lo que el gobierno no quiere, el gobierno quiere vaciar la universidad para arancelarla”. Quién también dió su testimonio fue la Presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Lucía Gastaminza: “hoy marchamos exigiendo que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que hace más de 200 días que no se aplica. Desde este espacio sostenemos que la lucha en la calle es necesaria y que por eso creemos que la comunidad universitaria debe salir a manifestarse. Creo que el gobierno no quiere cumplir con la ley porque responde a un modelo de país que responde a intereses extranjeros y de espaldas al pueblo, pero que encontró en la universidad un bastión de resistencia y por eso nos ataca”. Por último, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Sergio Robin, se pronunció al respecto: “hay un sentimiento encontrado. Por un lado, hacen sentir a uno como parte de un movimiento grande de un organismo tan importante como la universidad y por otro lado la tristeza de sentir que tenemos que salir a marchar, a manifestarnos, a ganar la calle, para que el gobierno cumpla con la ley, es lo único que pedimos. Es muy gratificante también saber que tenemos el respaldo de toda una sociedad que le pide al gobierno que de un cambio de rumbo con la universidad y que respete la ley”, dijo y continuación agregó: “el objetivo del gobierno es desmantelar la universidad pública, ya que esta siempre se enfrentó al neoliberalismo y sobre todo al anarcocapitalismo. El hecho de que alguien que dijo que venía a destruir el Estado desde adentro no financia la universidad no es solo una cuestión financiera, sino que es una cuestión destinada a desmantelar el sistema público universitario que no encaja dentro de su modelo de país”.
¿Cuál es la situación presupuestaria?
Para 2026, el presupuesto destinado a universidades es de 3,8 billones de pesos, que representa el 0,45% del PBI, el nivel más bajo en 21 años, según una estimación realizada por el medio Chequeado en base a propios datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), y que es menos de la mitad de lo que recomendó el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. Para el primer cuatrimestre de este año, el gobierno giró 1,5 billones, lo que, según la estimación del REM y la ONP, representa una caída del 7,9% en términos reales y del 30,7% desde 2023. Esto afecta directamente en el funcionamiento de las universidades y especialmente en los salarios docentes, los cuales, según la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), a abril de 2026 el salario promedio de un docente con dedicación simple y con diez años de antigüedad es de apenas 332 mil pesos, aunque hubo casos de docentes que mostraron sus boletas de sueldos y algunos ganan incluso menos de 300 mil. “La situación salarial es alarmante. En casos como el mío que tengo hijos, mi sueldo docente apenas supera los 300 mil pesos. Tuve que tomar horas en una secundaria, tengo el máximo de horas posibles en la universidad y llego arañando a fin de mes y habiendo restringido cosas como mi salud mental, ya que tuve que dejar de ir al psicólogo porque no tengo tiempo ni me alcanza para pagarlo”, cuenta Denisse Olizsewski, docente de la carrera de Comunicación de Filosofía y Letras.
Un gobierno indiferente
Ante la posibilidad de que la marcha sea multitudinaria, como finalmente ocurrió, el gobierno la menospreció, primero intentando instaurar que era una “marcha partidaria”, y que no era a favor de las universidades sino en contra del gobierno y de Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete actualmente investigado por la Justicia por causas de presunto enriquecimiento ilícito. Ese mismo 12 de mayo, en vísperas de la manifestación, el gobierno tomó la decisión de quitarle 78 mil millones de pesos a todas las universidades, y desde el Poder Ejecutivo aseguraron que “la motosierra continuará”. Al día siguiente de la marcha, el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, aseguró: “Se pueden juntar cinco millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue ahí. La ley nació muerta”.
Lo que quedó claro es que, a pesar de los pedidos de la sociedad a que el gobierno cumpla con la ley, este último prefiere no escuchar, por más que todo un país les haya demostrado que con la educación no se juega.
