POR VALENTINA VARVARO
En Argentina coexisten dos realidades que parecen incompatibles: la de más de 5,4 millones de jubilados que perciben el haber mínimo, y la de los legisladores nacionales que, mes a mes, actualizan sus sueldos por montos millonarios.
Durante mayo, un jubilado que cobra la mínima recibió $296.481,75, a lo que se sumó un bono de $70.000, alcanzando un total de $366.481,75. Sin embargo, ese monto está muy por debajo de los valores actualizados por el INDEC para definir los umbrales de pobreza e indigencia.
En abril de 2025, la Canasta Básica Total (CBT) —que marca el límite de la pobreza— fue de $1.084.047 para una familia tipo (dos adultos y dos niños). Y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que define la línea de indigencia— alcanzó los $502.291. Es decir que, en términos reales, un jubilado que cobra la mínima no alcanza ni siquiera el ingreso necesario para no ser considerado indigente según el organismo oficial.
En contraste, desde abril, los diputados nacionales pasaron a cobrar $4.130.259 brutos por mes. Si se actualizan los gastos de representación y otros adicionales, esa cifra podría ser aún mayor. Los senadores, por su parte, ataron sus dietas a los aumentos de los agentes legislativos, y el monto bruto que percibirán superará los $9,5 millones mensuales.
Este contraste permite un cálculo crudo, pero revelador:
Con el sueldo de un senador se podrían pagar 26 jubilaciones mínimas.
Con el sueldo de un diputado, 11.
Más allá del impacto individual, el gasto estatal también da cuenta de esta desigualdad.
Según estimaciones públicas:
Los 72 senadores le cuestan al Estado (es decir, a los contribuyentes) aproximadamente $684 millones por mes.
Los 257 diputados, unos $1.292,5 millones mensuales.
En comparación, los 5,4 millones de jubilaciones mínimas representan un gasto estimado de $1,979 billones mensuales.
Si se hiciera una conversión directa (sin contar asesores ni otros ítems), los sueldos de todo el Senado permitirían pagar unas 1.867 jubilaciones mínimas; y los de la Cámara de Diputados, unas 3.527.
Aunque en la comparación global estas cifras puedan parecer marginales frente al total de jubilaciones, el debate de fondo es otro: ¿cuánto vale el trabajo legislativo y cuánto vale la vida de un jubilado?
En este marco, la reciente votación en la Cámara Baja sobre un aumento del 7,2% y un bono de $110.000 para jubilados volvió a mostrar las grietas en la representación política. De los nueve diputados por Tucumán, seis votaron a favor, dos en contra y uno estuvo ausente. La contradicción es evidente: mientras se debate si un jubilado puede vivir con menos de $370.000, algunos representantes rechazan incluso esos aumentos, al tiempo que el Congreso no frena la actualización de sus propios haberes.
La pregunta queda abierta: ¿los congresales que votan en contra de aumentos a los jubilados están también en contra de los aumentos automáticos en sus propias dietas?
