POR BENJAMÍN VARGAS
En los últimos dos años, la educación pública y en especial las universidades han sido constantemente atacadas por el gobierno nacional. Desde afirmar que son “lugares de adoctrinamiento, llenos de corruptos que no se dejan auditar”, decir que hay alumnos y docentes que en realidad son “terroristas encubiertos”, hasta ahogar a las casas de altos estudios con planes de desfinanciamiento, tanto los docentes como sus estudiantes supieron resistir durante ese tiempo y lograr defender la universidad pública. Marchas, tomas de facultades, pronunciamientos, entre otros acontecimientos, lograron que las universidades continúen funcionando a pesar de todo. Por ello es importante recordar cómo fueron los últimos años para estos establecimientos educativos.
2024: el gobierno declara la guerra
El 19 de noviembre de 2023, Javier Milei ganó la segunda vuelta de las elecciones nacionales y se convirtió en Presidente de la Nación. Desde ese momento, y hasta su asunción, fue anunciando una serie de medidas que se tomarían durante su mandato. Una de las más polémicas fue la decisión de mantener el presupuesto destinado a la educación para 2024 congelado respecto a 2023, aún cuando la inflación interanual había sido de más del 276%, según indicó el Indec.
Y así comenzó el año 2024, con el mismo presupuesto de 2023, lo que, consecuentemente, trajo diversos problemas tanto en lo que respecta al pago de salarios como de servicios básicos. Para el mes de marzo de aquel año, las universidades ya habían gastado gran parte de su presupuesto, lo que generó imágenes inéditas de universidades, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), dando clases a oscuras por no poder pagar la factura de luz, o varios establecimientos con dificultades para poder comprar insumos para dar clases, como pizarras, marcadores, proyectores, etc. Sin mencionar que esta situación afectaba también al pago de salarios docentes, lo que sumado a la decisión de eliminar el Fondo de Incentivo Docente (FONID), y la degradación del Ministerio de Educación a Secretaría, dejó ver el plan del gobierno para desfinanciar las universidades y así posiblemente intentar arancelarlas, tal como había dicho en campaña: “el mejor sistema educativo posible es aquel en el que el individuo pague por sus servicios”.
Ante la falta de voluntad del gobierno para arrojar un “salvavidas” a las universidades, argumentando que “no hay plata”, y que “no destinarían más dinero porque las universidades no se dejan auditar”, y la intención de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de transferencia educativa, la cual básicamente planteaba que las universidades nacionales pasen a estar un órbita de las provincias (similar a la Ley de 1991, que provocó que establecimientos primarios y secundarios nacionales pasaran a estar administradas por las provincias), lo que hubiera dejado a las casas de altos estudios en situación de agonía (pues las provincias no cuentan con los recursos suficientes para sostener a una universidad), en todo el país se empezó a correr la voz de organizar una marcha, bajo la consigna de “defender la universidad pública”. El día elegido fue el 23 de abril. En un primer momento, el gobierno minimizó el hecho, argumentando que dicha manifestación era de “un rejunte de chorros que se patinan el presupuesto y no quieren perder sus privilegios” y que era “un berrinche”, pero al ver que dicha marcha iba a ser realmente multitudinaria, y que la misma contaba con un apoyo rotundo por parte de la sociedad, intentó, sin éxito, disualirla, anunciando el día 21 que habían llamado a negociar un aumento del 70%, negociación que fue rápidamente desmentida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), afirmando que nunca fueron llamados a negociar.
Al llegar el 23, la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se aplicaría el llamado “protocolo antipiquetes”, como un último intento para que la movilización no se concretara. Sin embargo, la situación fue muy diferente. Aunque la marcha estaba prevista para las 18 horas, en las universidades la actividad comenzó varias horas antes. En el caso de Tucumán, desde tempranas horas de aquella fría mañana estudiantes, docentes, no docentes y autoridades se reunieron en sus respectivas facultades para realizar carteles, pintadas, banderas, conversatorios, etc. Luego, todas convergieron en el Rectorado de la Universidad para marchar unidas a Plaza Independencia. En el resto del país, la situación fue similar. Estudiantes, docentes, no docentes, autoridades, e incluso estudiantes de universidades privadas y personas egresadas y ajenos al acontecimiento se movilizaron en señal de apoyo. Se calcula que en todo el territorio nacional marcharon más de un millón y medio de personas, mostrando el completo apoyo a la educación pública.
Al día siguiente de la masiva manifestación, el bloque de Unión por la Patria convocara a una sesión especial para tratar un nuevo proyecto de presupuesto universitario, aunque no se pudo llevar a cabo debido a la falta de quórum de, por increíble que parezca, de bloques políticos que tan solo 24 horas antes habían participado de las marchas, como dirigentes de la Unión Cívica Radical o el bloque de Encuentro Federal.
Aún así, el conflicto continuó. Tras la marcha, el gobierno quedó desconcertado y no tuvo más opción que ceder en su postura y anunciar un aumento del 270% para gastos de funcionamiento, aunque dicho aumento significó, en términos reales, un aumento de apenas el 3%, ya que, según estimó la UBA, los gastos de mantenimiento representan el 15% del total de gastos, dejando afuera del aumento a los salarios docentes. Según una estimación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), hasta agosto de 2024 los salarios docentes habían sufrido una caída del 34% de su poder adquisitivo. En ese contexto, en septiembre se sancionó la primera ley de financiamiento universitario, la cual buscaba reponer los salarios docentes al mismo nivel adquisitivo que tenían hasta 2023. Dicha ley fue aprobada con 143 votos de 257 en Diputados y con 57 votos de 72 en el Senado. Sin embargo, Milei anunció que la misma sería vetada, calificandola de “irresponsable”, siguiendo su principio de mantener “a cualquier costo” el superávit fiscal, aunque lo cierto es que, según estimaciones de diversos economistas, esta ley representaba un aumento del gasto de apenas el 0,14% del PBI.
Luego de vetar la ley, el oficialismo presentó un proyecto de presupuesto para 2025, el cual le otorgaba a las universidades la mitad de lo que deberían para garantizar su funcionamiento, además de incluir la suspensión de la Ley de Financiamiento Educativo, que preveía que se destinara de base el 6% del total del PBI a educación.
La amenaza del veto presidencial conllevó a una nueva marcha universitaria, la cual se llevó a cabo el 2 de octubre de ese año, y a pesar de que fue igualmente multitudinaria que la anterior, la ley fue vetada de igual manera.
Las tomas de facultades
Una vez vetada la ley, dicho veto debía pasar por el Congreso para ser confirmado o rechazado. La fecha para su tratamiento fue el 9 de octubre. El 8 de octubre, en vísperas de que la Cámara de Diputados tratase el veto presidencial, se realizaron vigilias en diversas facultades de todo el país, aunque la medida más extrema se tomó en las Facultades de Filosofía y Letras y Psicología de la UBA. En ambos lugares, sus estudiantes decidieron por unanimidad tomar las facultades como medida de lucha.
Finalmente, el veto se trató en Diputados, y gracias al apoyo de sectores como los Radicales, Encuentro Federal, o el Bloque Independencia de Tucumán, el veto quedó vigente. La confirmación del veto fue encender la mecha de una bomba, ya que a partir de ese momento se produjeron más tomas de Facultades en todo el país. Primero Buenos Aires, después Córdoba, a la que se sumaron Salta, Jujuy, Santa Fe, y así sucesivamente. En Tucumán, la primera en tomar acciones fue la Facultad de Bellas Artes, cuyos estudiantes tomaron el establecimiento esa misma tarde. En la noche, le siguió el Instituto Miguel Lillo y la Facultad de Ciencias Naturales, que anunciaron una toma por 24 horas. La Facultad de Psicología fue tomada también, al igual que la de Filosofía y Letras y la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión.
Aquella vez se tomaron en total 84 facultades en todo el país, pero a diferencia de otras ocasiones, la mayoría de tomas incluyeron clases públicas para que no se detenga el cursado de clases. La situación de las tomas claramente no cayó nada bien en el gobierno, ni nacional ni provincial, por lo que, durante el tiempo que duraron las mismas, se vieron varios internos de amedrentamiento. En la UBA, a los estudiantes les cortaron la luz, en un intento para que abandonaran la toma, plan que no resultó. En otras provincias, las intimidaciones fueron más graves, como el caso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Río Gallegos, Santa Cruz, donde la policía provincial ingresó al establecimiento para desalojarla, violando el principio de autonomía de las Universidades Nacionales.
En Tucumán, el lunes 14 de octubre se realizó una asamblea interfacultades en el rectorado de la UNT para definir acuerdos y cómo actuar conjuntamente. En un acto de intimidación, la policía comenzó a requisar a los estudiantes que se retiraban de la asamblea. Tanto las universidades como el rectorado de vieron plagadas de carteles expresando el descontento tanto el veto a la ley como el repudio a los diputados tucumanos que lo apoyaron, así como al gobernador Osvaldo Jaldo, quién fue acusado de “traidor”. El martes 15, la policía tucumana despegó carteles de la entrada de filosofía y letras y los tiró a la basura, aunque fueron descubiertos por los estudiantes, y al ser consultados por este hecho, las autoridades respondieron que “fue una orden del gobernador”. Desde ese momento, el ambiente se volvió tenso, ya que al día siguiente, tanto los estudiantes de Filosofía y Letras como Psicología decidieron cortar la avenida Benjamin Aráoz como una actividad de lucha. A las 9:30 de la mañana, llegó un grupo de infantería a desalojar la calle, también argumentando que fue una orden del gobernador Jaldo e incluso el jefe de infantería afirmó que el mandatario les dio la orden de reprimir en caso de no liberar la avenida. Para evitar represalias, el resto de clases públicas se dictaron en la vereda. En el transcurso de ese día la policía dio varias vueltas en patrulla e incluso entraron a ella.
2025: ¿un cambio de rumbo?
Lo ocurrido en 2024 condicionó al gobierno para su plan de 2025. En un primer momento, intentó imponer su proyecto de presupuesto anteriormente mencionado, el cual resultaba insuficiente para recomponer los salarios docentes y las becas estudiantiles, en especial la Progresar, la más solicitada por estudiantes y que desde septiembre de 2024 se encuentra congelada en $35.000. Ante la negativa de aprobar el presupuesto en el Congreso, el gobierno decidió volver a congelar el mismo, por lo que iban a ser dos años de funcionamiento con el mismo presupuesto desde 2023. Esta situación llevó a varios paros docentes durante la primera parte del año, y como señal de protesta, varios de ellos expusieron sus boletas de sueldo. En las mismas, se podía observar como los sueldos de un docente universitario iban desde apenas $200.000 hasta $900.000 como máximo, lo cual, teniendo en cuenta que hasta ese momento la canasta básica superaba el millón de pesos, resultaba alarmante. Y más alarmante eran las respuestas del gobierno ante la situación, calificando a los docentes universitarios de “vagos que no quieren trabajar”, o su ya clásico “no hay plata”.
La polémica del SACAU
A esta situación hay que agregarle que en mayo de ese año, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció un nuevo sistema de “renovación de carreras universitarias”. Este plan recibe el nombre de “Créditos de Referencia del Estudiante” (CRE), con referencia europea. Este nuevo modelo es una modificación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), creado en 2023 durante la gestión de Alberto Fernández. Según la resolución publicada en el boletín oficial del Ministerio, el CRE, a diferencia de la resolución actual, se centrará, además de las horas dedicadas por los docentes a sus materias, en las horas dedicadas por los estudiantes a cada asignatura, y esto incluye las horas de clase ya sea presencial o virtual, y el trabajo autónomo (actividades, lectura, tareas, trabajos, proyectos, preparación de exámenes, resolución de actividades, etc.) Cada crédito contará entre 25 y 30 horas de dedicación académica, y los planes de estudio de grado y pregrado deberán organizar sus planes de estudio en torno a 60 créditos anuales, lo que, según la resolución, permitirá que haya trayectorias más ordenadas y una mejor articulación entre la duración teórica y real de las carreras, y eventualmente reducir los tiempos de graduación. A su vez, desde el gobierno aseguran que el CRE permite adoptar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, con margen para la innovación docente y el protagonismo del estudiante. A pesar de que desde el Ministerio se aclaró que la incorporación al nuevo sistema sería voluntaria, para el 1 de enero de 2027 todas las universidades ya deben tenerlo incorporado, con posibilidad de prórroga por dos años más.
La polémica se instaló en que, para poder cumplir con los 60 créditos anuales, las universidades deberían decidir e instalar nuevos planes de estudio más acortados, lo que no equivale a otra cosa que recortar contenido de las carreras, como material teórico y práctico, limitándose únicamente a enseñar contenido básico de las carreras de grado, y en caso de que se quiera profundizar en estos estudios, estos se podrían complementar en posgrados, pero hay un inconveniente: los posgrados son pagos. Hasta mayo de 2025, por ejemplo, un arancel promedio de un posgrado en la UNT variaba entre $35.000 y $110.000. Esto fue visto por algunos detractores del SACAU como una privatización encubierta, y también un intento de vaciar la universidad al promover la virtualidad “excesiva” y por ende menos horas de trabajo docente, lo que repercutiría significativamente en sus ya míseros salarios, pasando a ser aún más bajos, sin mencionar un título de grado más denigrado con contenido básico, teniendo que pagar para poder tener una formación de calidad, y todo sin tener en cuenta que los estudiantes tienen vidas diferentes, algunos solo estudian, otros trabajan, otros tienen familias que mantener, etc. Por lo que no todos pueden tener el mismo tiempo y cumplir con las exigencias de las 25 y 30 horas para acceder a un crédito.
Nueva Ley, nuevo veto
La situación por los salarios docentes se volvió un tema de agenda nacional, por lo que en agosto de 2025 se sancionó una nueva ley de financiamiento universitario en el Congreso de la Nación, la cual preveía una actualización salarial automática para salarios docentes y no docentes para que recuperasen su poder adquisitivo respecto a 2023 y en base a estimaciones del Indec, además de fijar pautas periódicas para paritarias. A su vez, también se preveía un aumento en los montos de las becas Progresar y Manuel Belgrano.
La respuesta del gobierno fue, otra vez, vetar la ley, lo que llevó a una tercera marcha federal universitaria, esta vez con fecha para el 17 de septiembre, misma fecha en que el veto se iba a tratar en la Cámara de Diputados, y aquella vez, la política empezó a escuchar al pueblo: el veto fue rechazado. La derrota en el Congreso y en las calles preocupó fuertemente al gobierno, que se jugaba su plan en la Cámara de Senadores, la cual también rechazó el veto el día 2 de octubre. Sin otra alternativa, Milei promulgó la ley, pero inmediatamente suspendió su aplicación argumentando que dicha ley “no explicaba de donde saldrían los fondos” y que “atenta contra el superávit fiscal”. Esto provocó que el CIN concurriera a la Justicia, que en primera instancia falló a favor de las universidades, pero que luego la Cámara de Apelaciones suspendió dicho fallo. Con esto, el gobierno presentó su plan de presupuesto para 2026.
2026: “Milei, cumplí con la ley”
Para este 2026, el presupuesto que el gobierno iba a destinar a universidades era de 3,8 billones de pesos, el 0,45% del PBI, el nivel más bajo en 21 años, según una estimación realizada por el medio Chequeado en base a propios datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), y que es menos de la mitad de lo que recomendó el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. Para el primer cuatrimestre de este año, el gobierno giró 1,5 billones, lo que, según la estimación del REM y la ONP, representa una caída del 7,9% en términos reales, y del 30,7% desde 2023. Esto afecta directamente en el funcionamiento de las universidades y especialmente en los salarios docentes, los cuales, según la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), a abril de 2026 el salario promedio de un docente con dedicación simple y con diez años de antigüedad era de apenas 332 mil pesos, aunque hubo casos de docentes que mostraron sus boletas de sueldos y algunos ganan incluso menos de 300 mil.
Esto, sumado a la negativa del gobierno de aplicar la ley de financiamiento, que había sido nuevamente rectificada por la Justicia en un tribunal superior, provocó una cuarta marcha federal el día 12 de mayo, bajo el slogan de esta “Milei: cumplí con la ley”. Ese mismo día, en vísperas de la manifestación, el gobierno tomó la decisión de quitarle 78 mil millones de pesos a todas las universidades, y desde el Poder Ejecutivo aseguraron que “la motosierra continuará”. Al día siguiente de la marcha, el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, aseguró: “Se pueden juntar cinco millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue ahí. La ley nació muerta”.
Al ver que perdía el apoyo en las calles y entre sus aliados, el gobierno recurrió como última medida para no cumplir con la ley a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y exigió que los tres jueces principales (Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti) se apartaran del caso, argumentando que al ser docentes universitarios “habría un fallo parcial”. Aún así, eso no ocurrió y el 26 de junio la Corte falló a favor de las universidades, obligando al gobierno a cumplir con la ley, pero a pesar de este fallo, ya pasaron más de 300 días de incumplimiento de la ley.
