POR BENJAMÍN VARGAS
En el marco del 60° aniversario del golpe de Estado de 1966, comandado por el general Juan Carlos Onganía, el cual derrocó el Presidente Arturo Illia en favor de una dictadura militar, cuyo plan de gobierno era claro: ajuste, achicamiento del Estado, fin de la industria nacional, importación masiva y una feroz represión a quienes se opusieran. Aunque el gobierno militar logró avanzar en algunas reformas, se encontró con un bastión de resistencia que no esperaban: las universidades nacionales.
Para entonces, las casas de altos estudios gozaban de regímenes de autonomía, con las ideas y principios establecidos desde 1918, tras la Reforma Universitaria. Estos principios implicaban, especialmente, una forma de co-gobierno entre los decanos y representantes de los diferentes estamentos universitarios (docentes, no docentes, graduados y estudiantes), que todos juntos conformaban el Consejo Directivo en sus respectivas facultades, atendiendo los asuntos que les competían.
Esto, y especialmente la participación de estudiantes en el gobierno académico, fueron vistos por la dictadura como promotores de una “falsa modernidad”, una máscara que detrás escondía elementos subversivos y el comunismo, y consideraba “necesario extirpar” dichos elementos.
Bajo esa premisa, el 29 de julio de 1966, Onganía, aprovechando la disolución del Congreso y estando facultado para legislar, dispuso y sancionó la ley 16.912, en la que autorizaba tanto al Ministerio de Educación como al de Justicia “el ejercicio de las atribuciones reservadas por los estatutos de las Universidades a los Consejos Superiores o Directivos. Funciones de los Rectores o Presidentes de las mismas y de los Decanos de las Facultades. No podrán realizar actividades políticas los centros o agrupaciones estudiantiles”. En otras palabras, era el fin de la autonomía universitaria, ya que, indirectamente, implicaba la intervención de las universidades, la pérdida de autoridad tanto de los decanos como de los Consejos Directivos y Superiores, y los centros de estudiantes fueron prohibidos. A partir de ese momento, las decisiones serían tomadas por los Ministerios anteriormente nombrados.
Inmediatamente, tanto estudiantes como profesores e incluso decanos tomaron facultades en todo el país ese mismo día como señal de repudio a la ley. Ante esa situación, el gobierno dispuso, en horas de la noche, un fuerte operativo de la Policía Federal, intervenida desde el 28 de junio. Los efectivos se movilizaron hasta las diferentes facultades con una orden clara: reprimir indiscriminadamente a quienes se resistieran al desalojo de las instituciones.
Los hechos más violentos se dieron en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El caso más recordado es el del decano de esta última, el Dr. Rolando García, quien se encontraba resistiendo junto a los docentes y estudiantes en el establecimiento. Cuando ingresó la policía, salió a recibirlos, e increpó al oficial a cargo del operativo diciéndole: “¿Cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios”. La respuesta del policía fue darle un bastonazo en la cabeza, del que García se levantó, y con la cara ensangrentada, repitió la pregunta, solo para ser nuevamente golpeado. Este, junto a otros episodios de represión con bastones policiales, hizo que el hecho pasara a la historia como “La Noche de los Bastones Largos”.
Finalmente, la policía logró desalojar los edificios y detuvo a cientas de personas, luego de ser duramente reprimidas. Pero la situación no se limitó a las universidades, ya que en los días siguientes, diferentes editoriales, librerías y laboratorios universitarios y científicos fueron cerrados y destruidos, lo que sumado a la intervención de las universidades, provocó la renuncia de más de 700 docentes y científicos, muchos de ellos teniendo que exiliarse bajo amenaza. Esto se considera como la primera gran fuga de cerebros de la Argentina.
En Tucumán, la situación no fue tan diferente. Aunque con menos violencia, la UNT fue igualmente intervenida, siendo depuesto de su cargo el entonces rector Eugenio Flavio Virla, siendo designado el Ingeniero Rafael Paz como Interventor, cargo que ocuparía hasta 1970. Durante ese tiempo, y al igual que en el resto del país, docentes e investigadores renunciaron a sus cargos bajo amenazas de muerte y a un estricto régimen de censura, teniendo que refugiarse en el exterior o en ámbitos privados, quedando varios proyectos científicos y universitarios descontinuados o directamente borrados de la historia. Lo que el gobierno no esperaba era que esta situación, la cual coincidió con el cierre de los ingenios azucareros, no hizo más que radicalizar las posturas de la población tucumana, en especial la de los estudiantes, quienes serían protagonistas de los Tucumanazos (1969-1972), siendo un bastión de resistencia y uniendo sus reclamos al de los obreros desempleados.
60 años; ¿mismo plan?
Luego de seis décadas de uno de los hechos más infames de la historia reciente de la Argentina, se podría pensar que este acontecimiento fue una lección para que no volviera a suceder. Pero la realidad es que no. El gobierno actual, con Javier Milei a la cabeza, ya desde la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023, siempre manifestó su desprecio por la educación pública, argumentando que “es un centro de adoctrinamiento, que ha hecho mucho daño a la cabeza de la gente promoviendo el comunismo”, así como de la ciencia en el país, llegando a decir que la ciencia argentina y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) “no ha hecho nada importante para la Argentina”, y “para que queremos ciencia si no sirve para nada” (a pesar de que Argentina es el único país de Latinoamérica que posee tres premios Nobel en el ámbito de la ciencia).
Desde que llegó al poder, Milei implementó un plan de ajuste brutal sobre estos dos sectores en particular. Para este 2026, el presupuesto destinado a universidades era de $4,8 billones, lo que representa el 0,45% del PBI, el nivel más bajo en 20 años, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), negándose a cumplir con la ley de financiamiento universitario sancionada en octubre de 2025, vetada por el gobierno y nuevamente rectificada por el Congreso y recientemente por la Corte Suprema de la Nación, la cual sigue sin cumplirse, aunque se anunció un aumento del 23% para gastos de salarios docentes, de mantenimiento y aumento de becas.
En el caso de la Ciencia, un informe del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación elaborado por el Grupo EPC-CIICTI determinó que el presupuesto destinado a este rubro será de $1,5 billones, el 0,15% del PBI, el nivel más bajo desde que existen registros, lo que implica una caída del 50,7% en términos reales desde 2023, incumpliendo también la ley de financiamiento de ciencia (ley 27.614).
“La situación es crítica, de un día para el otro nos dejaron sin obra social, y en un mes se van a cortar becas de investigación doctoral y varios nos vamos a quedar en la calle”, comenta Débora Décima, investigadora posdoctoral del CONICET en diálogo con el medio de streaming “No te dejé ganá”, y agrega: “esto implica que varios científicos, profesionales y doctores se van a ir a otro lado a buscar suerte porque acá no van a tener trabajo. Es un plan de ensañamiento del gobierno contra la ciencia”.
60 años después, el plan de Onganía de destruir la educación y la ciencia, lejos de haberse quedado en el pasado, parece haber vuelto más fuerte que nunca, aunque la sociedad, lentamente, ha ido demostrándole al gobierno que con estos ámbitos no se juega y son un motivo de orgullo nacional que hay que proteger y evitar una nueva fuga masiva de cerebros.
